Una jueza federal de Rhode Island anuló una directiva de la administración de Donald Trump que buscaba impedir que determinados inmigrantes accedieran a programas federales de asistencia, incluidos servicios de educación preescolar, atención médica comunitaria y programas de educación para adultos.

La magistrada Mary McElroy, quien fue nominada por Trump durante su primer mandato, convirtió el lunes en permanente una orden que había emitido anteriormente para impedir la aplicación de la medida. La norma nunca llegó a entrar en vigor.

Según informó AP, la directiva fue emitida por el Gobierno en julio de 2025 y pretendía ampliar la lista de programas considerados beneficios federales restringidos para determinados inmigrantes.

La medida habría afectado a personas clasificadas por la normativa estadounidense como “extranjeros no calificados”. En esa categoría se encuentran inmigrantes que permanecen en Estados Unidos sin autorización, pero también determinados titulares de visas de trabajo y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Estos grupos ya tienen limitaciones para acceder a determinados beneficios federales, como algunas modalidades de Medicaid y programas de asistencia alimentaria y económica.

La administración Trump defendió su directiva como parte de su política para limitar el acceso de inmigrantes a determinados servicios financiados con fondos federales. Sin embargo, fiscales generales demócratas de 20 estados y del Distrito de Columbia demandaron al Gobierno y cuestionaron la legalidad del cambio.

En su fallo, McElroy concluyó que la administración no siguió los procedimientos establecidos para modificar las normas y calificó la actuación gubernamental como “procedimentalmente inválida”.

Entre los programas que habrían quedado afectados se encuentra Head Start, que ofrece servicios de educación y desarrollo a niños de familias de bajos ingresos. También estaban incluidos determinados servicios de salud comunitaria y programas destinados a la educación de adultos.

Los demandantes habían advertido que la aplicación de la nueva política podía generar importantes cargas administrativas para las organizaciones que prestan estos servicios y poner en riesgo la continuidad de algunos programas.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, una de las funcionarias que participaron en la demanda, celebró la decisión judicial y sostuvo que la medida habría afectado a familias trabajadoras que dependen de diferentes servicios públicos.

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