Un tribunal en España ha decidido continuar el proceso penal contra Begoña Gómez, en una causa que examina supuestas irregularidades relacionadas con el uso de influencias, gestión de recursos públicos y actividades en el ámbito empresarial. La decisión también incluye a su asesora, María Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.

El magistrado Juan Carlos Peinado estableció un plazo de cinco días para que las partes involucradas definan si solicitan la apertura de juicio oral, lo que marcaría el inicio de una nueva fase en el proceso. Además, ordenó la recopilación de nuevas pruebas, entre ellas documentación relacionada con servicios prestados a una cátedra universitaria objeto de la investigación.

La causa gira en torno a actividades desarrolladas tras la llegada al poder del presidente Pedro Sánchez. Según la acusación, durante ese período se habría producido una expansión significativa de la red de contactos profesionales de Gómez, especialmente en su rol dentro de iniciativas académicas y proyectos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid.

Uno de los elementos centrales es una cátedra enfocada en transformación social, desde la cual se habrían gestionado proyectos tecnológicos financiados con aportes de grandes empresas privadas. Las cifras mencionadas en la investigación superan los 300.000 euros en contribuciones, mientras que la universidad estima un posible perjuicio económico superior a los 100.000 euros.

De acuerdo con los señalamientos, la asesora Álvarez habría participado en la gestión de estos proyectos utilizando recursos institucionales, lo que presuntamente otorgaba mayor peso a las gestiones realizadas. Por su parte, Barrabés habría colaborado en el desarrollo de la iniciativa y recibido respaldo en procesos de contratación pública.

Mientras la acusación sostiene que existió un uso indebido de posiciones de influencia para favorecer intereses concretos, las defensas rechazan categóricamente estas afirmaciones.

El Ministerio Fiscal, aunque previamente había solicitado el archivo del caso por falta de pruebas concluyentes, reconoce ahora que existe una base jurídica que justifica su evaluación en juicio.

Los abogados de los investigados, sin embargo, insisten en que no hay delito. Argumentan que los proyectos académicos eran de carácter gratuito, que los fondos no beneficiaron personalmente a Gómez y que las acciones cuestionadas forman parte de prácticas habituales en el entorno universitario.

Asimismo, niegan que exista apropiación indebida o uso irregular de recursos públicos, y subrayan la ausencia de normativa clara sobre las funciones del personal de apoyo vinculado al entorno presidencial.

La decisión judicial no implica una condena, pero sí abre la puerta a una fase clave en la que se determinará si el caso llega a juicio. El desarrollo de esta investigación mantiene la atención pública sobre la relación entre poder político, actividad privada y uso de recursos en España, en un contexto de creciente escrutinio institucional.

Fuente: Infobae

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