Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente la política que permitía deportar inmigrantes a terceros países, es decir, naciones que no son su país de origen ni estaban contempladas inicialmente en sus órdenes de expulsión. La medida representa un revés para la estrategia migratoria impulsada por el presidente Donald Trump y refuerza las garantías de debido proceso para miles de personas en procedimientos de deportación.

La decisión fue emitida por el juez federal Brian E. Murphy, del Tribunal de Distrito en Massachusetts, quien determinó que la práctica aplicada por el Departamento de Seguridad Nacional vulnera derechos constitucionales al no ofrecer notificación adecuada ni una oportunidad real para impugnar el traslado antes de ejecutarlo. Según el fallo, enviar a una persona a un país con el que no tiene vínculos y donde podría enfrentar riesgos graves sin un proceso claro contraviene las protecciones básicas establecidas en la Constitución.

La política, implementada en 2025, permitía acelerar deportaciones cuando los países de origen se negaban a recibir a sus ciudadanos. Para ello, el gobierno recurría a acuerdos diplomáticos con otras naciones dispuestas a aceptar a los migrantes. Organizaciones defensoras de derechos civiles argumentaron que la medida exponía a muchas personas a situaciones de inseguridad, persecución o falta de garantías legales.

El juez ordenó suspender la aplicación de la política durante 15 días, periodo en el cual el gobierno puede presentar una apelación. Se anticipa que el caso podría llegar a la Corte Suprema si el Ejecutivo decide impugnar la resolución. Mientras tanto, la decisión impide nuevas deportaciones bajo este esquema específico.

Especialistas en inmigración consideran que el fallo fortalece el derecho de los migrantes a recibir información clara y a presentar argumentos legales antes de ser enviados a un tercer país. También podría obligar al gobierno federal a revisar sus procedimientos y establecer salvaguardas adicionales para garantizar el debido proceso.

La resolución ha sido celebrada por grupos proinmigrantes como un paso importante para proteger derechos fundamentales, mientras sectores que apoyan políticas migratorias más estrictas sostienen que la medida limita herramientas del Ejecutivo para gestionar la frontera y los casos pendientes de expulsión.

Fuente: Mario Pentón

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