La tensión entre el Poder Judicial y la Administración del ex presidente Donald Trump ha escalado con el inicio formal de un proceso por desacato judicial.

El juez federal James E. Boasberg, del distrito de Washington, determinó que existen "motivos fundados" para creer que el gobierno violó su orden del 15 de marzo, que prohibía deportar a más de 200 migrantes —en su mayoría venezolanos— hacia la megacárcel CECOT en El Salvador.

La orden judicial impedía expulsiones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII reservada para tiempos de guerra. Sin embargo, dos vuelos partieron hacia El Salvador incluso cuando la prohibición ya había sido comunicada.

Boasberg denunció una “ignorancia deliberada” por parte del gobierno y dejó claro que no llegó a esa conclusión a la ligera. “La Constitución no tolera la desobediencia intencional de órdenes judiciales, especialmente de funcionarios que han jurado respetarla”, subrayó.

El caso se complicó aún más cuando la Casa Blanca se negó a entregar detalles de los vuelos alegando “secreto de Estado”, lo que impidió al tribunal verificar si la orden fue violada deliberadamente. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, admitió que el vuelo pudo haber salido antes de la resolución escrita, pero no ofreció pruebas.

Uno de los deportados, Kilmar Armando Abrego García, fue calificado como “terrorista” sin juicio ni pruebas públicas. Su caso llegó al Tribunal Supremo, que reconoció su derecho a impugnar la expulsión. Sin embargo, El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, se niega a devolverlo.

El juez Boasberg sugirió que el desacato podría resolverse si los migrantes recuperan el derecho a impugnar su deportación, incluso sin ser retornados físicamente a EE.UU. Si el Departamento de Justicia no coopera, Boasberg designará a un fiscal independiente.

El conflicto representa una posible crisis constitucional: una rama del gobierno desafiando abiertamente las órdenes de otra. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, incluso emitió una inusual advertencia pública tras los ataques de Trump contra el juez Boasberg.

Medios estadounidenses consideran este caso un punto de inflexión para el sistema judicial, el poder ejecutivo y los derechos humanos de los migrantes. El gobierno tiene una semana para responder o enfrentar consecuencias históricas.

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