Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos falló a favor del cubanoamericano José Ramón López Regueiro, permitiéndole continuar su demanda contra American Airlines por presunto tráfico con bienes confiscados tras la revolución cubana. El caso se centra en el uso del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, que fue expropiado a su familia en 1959 por el régimen de Fidel Castro.

López Regueiro afirma haber heredado una participación en la empresa CAISA, propietaria original del aeropuerto, y acusa a la aerolínea de beneficiarse económicamente al operar vuelos en esa instalación desde 1991 sin su consentimiento.

El fallo del Undécimo Circuito de Apelaciones revoca una decisión previa de un tribunal de distrito que había desestimado el caso en 2022, argumentando que ni el demandante ni su padre eran ciudadanos estadounidenses cuando ocurrió la confiscación. Sin embargo, la jueza Jill Pryor, en representación del panel de tres magistrados, aclaró que bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, no se exige que el propietario original o el heredero hayan tenido ciudadanía estadounidense al momento de la incautación o la herencia.

“El texto de la ley abarca a los demandantes que adquirieron la propiedad antes de obtener la ciudadanía estadounidense”, escribió Pryor. López Regueiro se naturalizó como ciudadano estadounidense en 2015.

American Airlines también intentó desestimar la demanda alegando que una participación accionaria no bastaba para presentar el reclamo. El tribunal rechazó esa interpretación y sostuvo que la propiedad heredada era suficiente para tener un interés legal válido en el caso.

La demanda fue presentada en 2021 bajo el Título III de la Ley Helms-Burton, activado por la administración Trump en 2019. Esta disposición permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas extranjeras que se beneficien de bienes expropiados por el régimen cubano. La ley había permanecido suspendida desde su promulgación en 1996 por motivos diplomáticos, ya que afecta a múltiples empresas europeas y canadienses con operaciones en la isla.

Este fallo del tribunal de apelaciones podría tener implicaciones importantes para otras compañías que operan en Cuba. Ya en abril de este año, un jurado federal ordenó a Expedia pagar casi 30 millones de dólares a un cubanoamericano cuya familia también fue despojada de propiedades tras la revolución. Fue el primer caso resuelto con jurado bajo la activación del Título III.

El abogado de López Regueiro, Andrés Rivero, ha adelantado que otras compañías como Expedia podrían enfrentar demandas similares.

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