El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó una advertencia directa contra los ciudadanos que han salido a las calles en las últimas semanas para protestar por los apagones, la falta de agua y el colapso de la recogida de basura en La Habana y otras provincias del país. En una reunión con autoridades capitalinas, aseguró que entiende los reclamos, pero insistió en que deben hacerse “en los lugares establecidos: el Partido Comunista de Cuba, las instituciones del Gobierno y del Estado; nadie está autorizado a cerrar una vía pública”.

Las declaraciones del mandatario fueron interpretadas como una amenaza velada hacia los manifestantes, en un contexto de creciente descontento social. El opositor y analista Manuel Cuesta Morúa, en diálogo con Martí Noticias, sostuvo que el régimen viola su propia Constitución, que en su artículo 56 reconoce el derecho a la manifestación pacífica. “El gobierno cubano no está reconociendo ese derecho, no lo está respetando, y demuestra que está listo para utilizar todos los mecanismos de represión de que dispone”, afirmó.

Cuesta Morúa también señaló lo absurdo de pedirle a los ciudadanos que acudan al Partido Comunista para plantear quejas: “El Partido está por encima de la Constitución y se proyecta por encima de la ley”.

Los testimonios de la población confirman esa sensación de abandono. Desde Matanzas, Yanan Camaraza Medina denunció que lleva años intentando obtener respuesta de las autoridades sin éxito. “Llevo cuatro años acudiendo al Partido y al Gobierno planteando mi situación y jamás he recibido respuesta. Ese mecanismo que él plantea no funciona; es para tenerte controlado”, aseguró.

La vecina María Teresa Argüelles, de Regla (La Habana), coincidió en que las instituciones solo reaccionan ante la presión popular. Recordó cómo su comunidad estuvo 30 días sin agua y las autoridades solo resolvieron el problema después de que los vecinos bloquearan la calle. “Enseguida se pusieron las pilas y empezaron a descargar agua”, relató.

Incluso la Unión Nacional Eléctrica (UNE), para canalizar las quejas sobre los apagones, abrió un canal en Telegram. Sin embargo, los usuarios aseguran que quienes expresan su inconformidad “con demasiada fuerza” son bloqueados o censurados.

La crisis de servicios públicos también se extiende a la recogida de basura, un problema que Díaz-Canel reconoció sin ofrecer soluciones sostenibles. Desde La Güinera, en la capital, el vecino Alcides Firdó describió un panorama alarmante: “Los basureros se desbordan, la basura cierra cuadras enteras. Ni las bicicletas pueden pasar. Dijo que se iba a normalizar el agua y la corriente, y ahora mismo se fue la luz otra vez”.

El creciente malestar ciudadano contrasta con las jornadas de higienización organizadas por el gobierno, donde Díaz-Canel ha sido visto sosteniendo herramientas de limpieza frente al Palacio de la Revolución. Para muchos cubanos, sin embargo, estos actos no son más que “teatro propagandístico”, incapaz de ocultar la magnitud de una crisis estructural que afecta todos los niveles de la vida cotidiana.

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