Este lunes inicia el juicio contra el Gobierno cubano y el Banco Nacional (BNC) en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, con sede en Londres, por la reclamación de cerca de 72 millones de euros interpuesta por la firma de inversores CRF-I Ltd.

La demanda fue presentada el 18 de febrero de 2020 y está relacionada a los acuerdos de préstamo entre Cuba y los bancos europeos Crédit Lyonnais y L’Istituto Bancario Italiano, donde el Banco Central de Cuba actuó como garante.

Según documentos del caso, citado por varios medios de prensa, la demanda "representa una pequeña parte de los cerca de 1500 millones de dólares en reclamaciones que CRF I adquirió a lo largo de los años en nombre de sus inversores".

No obstante, los especialistas esperan que el veredicto podría extenderse a casos similares.

El BNC y el Gobierno de Cuba aseguran por su parte que CRF no es su acreedor porque se trata de un "fondo buitre".

El BNC publicó un comunicado del 13 de enero en el que explica que "los fondos buitres compran en el mercado secundario, a precios de remate, las deudas emitidas por países, para reclamar el pago inmediato de su 100 % bajo amenaza de demanda judicial" y que este procedimiento es deuda pública porque "fue contraída por el BNC antes de 1997, cuando tenía funciones de Banco Central".

También insisten en que Cuba "jamás ha desconocido sus deudas y ha mantenido siempre el interés de negociar con sus legítimos acreedores".

Está previsto que en el juicio londinense intervengan testigos de ambas partes, algunos de los cuales se prevé que testifiquen por videoconferencia desde Cuba, según indicaron a la agencia española EFE fuentes legales involucradas en el caso. 

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