Al cumplirse un año del inicio del proceso de excarcelaciones anunciado por el Gobierno cubano en enero de 2025, la plataforma Justicia 11J presentó, el 15 de enero de 2026, el informe titulado “Ni libres ni todos: Naturaleza coyuntural y condiciones represivas de las excarcelaciones en Cuba”. El documento evalúa el alcance y las condiciones en que se produjeron estos beneficios penitenciarios otorgados a personas sancionadas por motivos políticos.

Según el informe, entre el 15 de enero y el 10 de marzo de 2025 fueron excarceladas al menos 212 personas. El análisis señala que cerca del 90 % de estas liberaciones se concentró en los primeros seis días del proceso, entre el 15 y el 20 de enero. Tras ese período inicial, se registró un mes sin nuevas excarcelaciones, seguido de una reanudación con 21 casos adicionales, lo que, de acuerdo con la organización, evidenció un desarrollo irregular y no continuo del proceso.

Justicia 11J indicó que las excarcelaciones no implicaron libertades plenas, ya que las personas beneficiadas quedaron sujetas a regímenes penitenciarios revocables, con limitaciones de movimiento, vigilancia policial y controles administrativos. El informe sostiene que la figura jurídica aplicada no garantiza estabilidad ni elimina la posibilidad de reingreso a prisión.

El monitoreo realizado por la plataforma detalla que el 86 % de las personas excarceladas fueron hombres y el 14 % mujeres, con una edad promedio de 36 años. Ocho personas tenían 60 años o más y seis habían sido detenidas cuando tenían 17 o 18 años. Asimismo, el 98 % de los casos estaba vinculado a las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), con un tiempo promedio de reclusión de tres años y medio. La condena más común fue de cinco años, mientras que 29 personas cumplían penas de entre 10 y 15 años.

El informe también señala que al menos 38 personas excarceladas presentaban enfermedades crónicas o discapacidades y que varias mujeres, incluidas madres de menores, no fueron incluidas en el proceso.

En un pronunciamiento relacionado, Amnistía Internacional señaló que el proceso anunciado en 2025 no constituyó una liberación efectiva, sino una extensión de las medidas de control. Ambas organizaciones coincidieron en que las excarcelaciones no representaron un cambio estructural en la política estatal, sino la continuidad de mecanismos de supervisión y restricción de derechos.

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