Un nuevo informe de la organización no gubernamental Prisoners Defenders advierte que el Estado cubano ha profundizado el uso de la vigilancia digital como herramienta central para reprimir el disenso político y social. El estudio, titulado Primer Informe Integral sobre la Vigilancia Digital en Cuba, describe un entramado de control tecnológico, leyes punitivas y prácticas intrusivas que, según la ONG, ha generado un clima generalizado de miedo y autocensura entre los ciudadanos.

El documento fue presentado de manera telemática y se apoya en más de 200 testimonios de víctimas, tanto dentro como fuera de la isla. De acuerdo con la investigación, el Gobierno cubano opera bajo una lógica de control permanente que busca desarticular redes cívicas, sociales y políticas independientes, limitando severamente el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad.

Durante la presentación, el presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, subrayó que el impacto psicológico de esta vigilancia es profundo. “Existe terror a expresarse, incluso en conversaciones privadas por aplicaciones de mensajería”, afirmó, al tiempo que señaló que muchos ciudadanos evitan publicar opiniones en redes sociales por temor a represalias.

Entre los datos más relevantes del informe, el 46,5 % de los encuestados aseguró haber sufrido la intervención directa de sus comunicaciones digitales, especialmente en plataformas como WhatsApp. En numerosos casos, las autoridades citaron fragmentos de mensajes privados durante interrogatorios o detenciones realizadas sin orden judicial, lo que refuerza la tesis de un control sistemático y no excepcional.

El informe revela además que el 98,5 % de las personas consultadas enfrentó amenazas, sanciones o advertencias vinculadas a su actividad en internet. La mayoría de los afectados son activistas, familiares de presos políticos y periodistas independientes, con un alto porcentaje que aún reside en Cuba.

Prisoners Defenders identifica al menos diez patrones de vigilancia digital. Entre ellos destacan el “ciberpatrullaje” constante de redes sociales, la intrusión forzada en teléfonos móviles y los cortes selectivos del servicio de internet. La llamada “intrusión digital coercitiva”, que consiste en obligar a los ciudadanos a desbloquear sus dispositivos sin respaldo legal, afectó a más del 65 % de los casos analizados. Tras estos procedimientos, casi la mitad de las víctimas detectó accesos no autorizados a sus cuentas desde ubicaciones desconocidas.

Los apagones selectivos de internet, denunciados por el 77,5 % de los encuestados, suelen coincidir con protestas, fechas simbólicas o momentos de tensión social, como los aniversarios de las manifestaciones del 11 de julio de 2021.

Caren Herrera, directora jurídica de la ONG, denunció que estas prácticas eliminan cualquier expectativa razonable de privacidad en la isla. También alertó sobre el uso de normas como el Decreto-Ley 370 y disposiciones del nuevo Código Penal, que permiten imponer multas y confiscar equipos por difundir información considerada contraria al “interés social”, un concepto que calificó de ambiguo y arbitrario.

El informe concluye que la vigilancia digital en Cuba no es un fenómeno aislado, sino una política de Estado orientada a silenciar voces críticas y reforzar el control político sobre la sociedad.

Fuente: EFE

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