El régimen de Kim Jong-un continúa aplicando castigos extremos, incluidas ejecuciones públicas y penas de hasta 20 años de prisión, contra ciudadanos norcoreanos acusados de consumir o compartir productos culturales de Corea del Sur, como las populares series conocidas como K-dramas. Así lo revelaron varios desertores durante un foro público organizado esta semana en Seúl por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR).

El evento, celebrado en formato presencial y remoto, tuvo como objetivo recopilar testimonios sobre violaciones de derechos humanos cometidas en Corea del Norte durante la última década. Las declaraciones servirán de base para un informe que será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre.

Uno de los testimonios más estremecedores fue el de Kim Il-hyuk, quien escapó del Norte en 2023. Relató haber presenciado la ejecución de un joven de 22 años por compartir telenovelas y canciones surcoreanas. Según afirmó, este tipo de fusilamientos públicos se realizan al menos dos veces cada tres meses, y muchas veces incluyen a personas culpables únicamente de consumir contenido cultural considerado “reaccionario”.

Una joven desertora que participó de manera anónima relató que decidió escapar tras presenciar la detención de una mujer embarazada y su pareja por ver K-dramas. “Sentía que prefería suicidarme antes que ser ejecutada”, dijo. También explicó cómo la música y los contenidos surcoreanos ofrecen una vía de escape emocional para muchos jóvenes que sufren las condiciones opresivas del régimen.

Desde 2020, el gobierno de Kim Jong-un ha endurecido su aparato represivo mediante leyes como la Ley de Rechazo a la Ideología y Cultura Reaccionarias, la Ley de Garantía de Educación Juvenil (2021) y la más reciente Ley de Protección del Lenguaje Cultural de Pionyang (2023). Estas normativas han legalizado castigos severos por el uso de expresiones surcoreanas como “oppa” o “unni”, así como el simple consumo de música K-pop o telenovelas.

Los desertores también explicaron cómo la pandemia de COVID-19 intensificó el aislamiento y el control ideológico, elevando el nivel de vigilancia sobre la población. Registros de teléfonos móviles, redadas en hogares y delaciones forzadas se han vuelto frecuentes, especialmente en zonas urbanas.

Por su parte, Kim Eun-ju, directora del Instituto de Investigación EUM, criticó al actual gobierno surcoreano por suspender las transmisiones de altavoces de propaganda hacia el Norte, al considerar que eran una herramienta efectiva para romper el cerco informativo.

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