Las operaciones de control migratorio de ICE en Estados Unidos están extendiéndose a espacios que anteriormente no eran escenarios habituales de detenciones, como aeropuertos, tribunales de inmigración y citas rutinarias relacionadas con procesos migratorios.

La nueva estrategia también mantiene los operativos en viviendas, lugares de trabajo y controles de tránsito realizados con apoyo de policías estatales o locales. El cambio permite a los agentes localizar a inmigrantes en situaciones en las que previamente podían sentirse menos expuestos a una detención.

De acuerdo con La Opinión, las detenciones de inmigrantes alcanzaron casi 51.000 en agosto, lo que representó el tercer récord mensual consecutivo, según datos preliminares del Gobierno analizados por Reuters.

Uno de los principales cambios se observa en los aeropuertos. ICE ha utilizado información proporcionada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para identificar a personas que habían excedido el tiempo autorizado por sus visas.

Más de 1.200 personas habían sido arrestadas por ICE hasta principios de junio después de alertas generadas por la TSA, según datos internos del Gobierno. Algunas de ellas habían iniciado posteriormente trámites para regularizar su situación, incluidos procesos de asilo o solicitudes de residencia permanente.

La estrategia también alcanza a personas que acuden a tribunales de inmigración o se presentan a citas rutinarias ante las autoridades. Esto ha generado preocupación porque algunos inmigrantes proporcionaron voluntariamente sus domicilios, teléfonos y otros datos personales precisamente para avanzar en sus procedimientos.

Entre quienes pueden quedar expuestos se encuentran solicitantes de asilo, personas con peticiones familiares para obtener la residencia permanente y migrantes cuyos permisos temporales fueron revocados.

El hecho de tener una solicitud migratoria pendiente no garantiza por sí mismo protección frente a una detención. La situación depende del historial y las condiciones migratorias de cada persona.

A pesar de este escenario, las autoridades migratorias mantienen la obligación de los inmigrantes de asistir a sus audiencias judiciales y citas oficiales. No presentarse puede provocar consecuencias graves, incluida una posible orden de deportación.

Otro cambio aparece en el perfil de las personas detenidas. Datos del Deportation Data Project analizados por Reuters indican que quienes tenían condenas penales representaron menos de una cuarta parte de los arrestos realizados en julio. En diciembre de 2024, esa proporción se acercaba al 60 %.

El desplazamiento de los operativos hacia lugares donde los inmigrantes acuden para realizar trámites oficiales marca una nueva etapa en la estrategia de control migratorio impulsada durante la administración del presidente Donald Trump.

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