Uno de los casos de fraude relacionado con los programas de ayuda por la pandemia más llamativos en Estados Unidos llegó finalmente a su desenlace, después de varios años marcados por investigaciones, disputas sobre la salud mental de los acusados y acusaciones de una estafa multimillonaria.

Un tribunal federal condenó a Josh Edwards, de 35 años, a cuatro años y tres meses de prisión por su participación en un esquema para obtener de manera fraudulenta 8,4 millones de dólares del Programa de Protección de Nóminas (PPP), creado durante la pandemia para ayudar a empresas y organizaciones afectadas por la crisis sanitaria.

El caso también involucraba a su padre, Evan Edwards, un pastor radicado en Florida y fundador del ministerio ASLAN International. Sin embargo, los cargos contra él fueron retirados después de que especialistas concluyeran que padecía demencia de moderada a grave y que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio.

Según los fiscales federales, el ministerio obtuvo un préstamo multimillonario tras presentar información falsa sobre su estructura y operaciones. La solicitud afirmaba que la organización tenía cientos de empleados y una nómina mensual de varios millones de dólares, datos que posteriormente fueron cuestionados por los investigadores.

Las autoridades sostienen que parte del dinero fue destinado a gastos personales y a la posible compra de una vivienda de lujo cerca de Walt Disney World, en Florida. No obstante, los investigadores lograron recuperar los fondos antes de que fueran utilizados completamente.

La investigación reveló además diversos elementos que llamaron la atención de las autoridades. Durante registros relacionados con el caso fueron encontrados documentos triturados, registros financieros y dispositivos electrónicos almacenados en bolsas especiales diseñadas para bloquear señales de comunicación.

Los Edwards habían llegado a Florida en 2019 tras años de trabajo misionero en Turquía y una posterior estancia en Canadá. Poco después solicitaron las ayudas federales aprobadas por el Congreso para enfrentar los efectos económicos de la pandemia.

El proceso judicial se prolongó durante más de tres años debido a las constantes evaluaciones sobre la capacidad mental de los acusados. Mientras varios especialistas concluyeron que Evan Edwards no podía ser juzgado debido a su deterioro cognitivo, la situación de su hijo generó una prolongada disputa entre expertos.

Finalmente, un juez determinó que Josh Edwards era competente para enfrentar el proceso judicial y aceptó su declaración de culpabilidad por cargos de fraude.

La defensa argumentó que el acusado actuó bajo la influencia y dirección de otros miembros de su familia, pero el tribunal decidió imponer una condena superior a la recomendada por la fiscalía.

Tras cumplir su pena, Josh Edwards, ciudadano canadiense, podría ser deportado de Estados Unidos.

El caso forma parte de las numerosas investigaciones abiertas por el gobierno federal sobre el uso indebido de fondos de ayuda durante la pandemia. Informes oficiales han estimado que miles de millones de dólares destinados a programas de emergencia terminaron en manos de personas y organizaciones que presentaron solicitudes fraudulentas.

Fuente: NBC News

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