La detención de un ciudadano cubano en Cancún ha provocado nuevas acusaciones contra funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de que surgieran denuncias que apuntan a presuntas irregularidades en la entrega de permisos migratorios a extranjeros en Quintana Roo.

El caso gira en torno a Rigoberto Amílcar Pérez, un cubano de 39 años que fue puesto a disposición de las autoridades migratorias tras un operativo realizado en la Supermanzana 23 de Cancún. La intervención policial ocurrió después de un incidente que generó indignación entre vecinos y derivó en disturbios frente a su vivienda.

Sin embargo, más allá del altercado que motivó la actuación de la policía, la atención pública se ha desplazado hacia las denuncias que cuestionan la actuación del INM. Diversas publicaciones y reportes difundidos en medios locales y redes sociales sostienen que Pérez habría obtenido permisos para trabajar y permanecer en México mediante pagos irregulares realizados a funcionarios migratorios.

Las acusaciones también señalan que el ciudadano cubano tendría problemas legales pendientes en Estados Unidos, una situación que ha alimentado las exigencias para que las autoridades investiguen cómo logró regularizar su situación migratoria en territorio mexicano. Hasta el momento, no se han presentado pruebas oficiales que confirmen estas versiones ni el INM ha emitido una respuesta pública sobre los señalamientos.

El episodio ha reavivado críticas contra la delegación migratoria de Cancún y contra los mecanismos de supervisión del Instituto Nacional de Migración. Sectores de la ciudadanía reclaman una revisión exhaustiva de los procedimientos utilizados para otorgar permisos de residencia y trabajo a extranjeros que llegan a la región.

Mientras tanto, las autoridades de Cancún confirmaron que Rigoberto Pérez y una mujer de origen cubano identificada como Yudelmis “N” fueron entregados al INM para determinar su situación migratoria tras los disturbios ocurridos en la ciudad.

El caso ha adquirido una dimensión mayor debido a que las denuncias de corrupción no se limitan a una sola persona. Diversos sectores sostienen que las presuntas irregularidades en la expedición de documentos migratorios podrían formar parte de un problema más amplio que afecta los controles migratorios en Quintana Roo.

Por ahora, las acusaciones permanecen en el terreno de las denuncias públicas y no se ha informado sobre investigaciones formales contra funcionarios del INM relacionadas con este caso. Sin embargo, la polémica ha colocado nuevamente bajo escrutinio a la institución encargada de regular el ingreso y permanencia de extranjeros en México.

Fuente: Cambio 22

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