En Holguín, una vez más, la violencia machista cobró una víctima que pudo ser salvada. Milagros Batista Estévez, residente del reparto Alex Urquiola, fue asesinada por su expareja, José Matos, a pesar de haber realizado múltiples denuncias previas por violencia, amenazas y extorsión.

Esta tragedia, reportada desde el perfil de Facebook “Accidentes de Buses y Camiones”, evidencia la preocupante falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades, que en lugar de protegerla, permitieron que la violencia escalara hasta la fatalidad.

El hijo de Milagros, Óscar Bermúdez Batista, no oculta su indignación: “Mi madre denunció tres veces. Le robaba, la amenazaba, y aun así, jamás lo arrestaron.” Esta declaración refleja un patrón de negligencia que no es aislado, sino que se repite en muchos casos similares donde las víctimas quedan expuestas a sus agresores sin protección alguna.

La noche del crimen, el agresor volvió a la vivienda para intentar robarle a la hija de Milagros.

La familia, desesperada, pidió ayuda a la policía, pero la respuesta fue alarmantemente insuficiente: “No hay patrullas. Si vuelve, vemos qué se puede hacer.” Esa respuesta no solo fue ineficaz, sino que dejó la puerta abierta a una tragedia anunciada.

José Matos no solo logró ingresar nuevamente al hogar, sino que asesinó a Milagros en presencia de dos niños pequeños, uno de ellos un bebé de apenas 9 meses.

El impacto emocional y social de este hecho es enorme, y la comunidad de Holguín se encuentra sumida en el duelo y la rabia ante una violencia que se podía haber evitado.

Este feminicidio no es solo un crimen aislado. Es un símbolo de la falla sistémica que existe en la protección de las mujeres en Cuba. La negligencia estatal y la insuficiente actuación policial permiten que agresores reincidan y que mujeres como Milagros pierdan la vida.

La pregunta que se repite entre la comunidad es dolorosa y urgente: ¿Cuántas más tienen que morir para que las autoridades tomen medidas efectivas?.

La justicia y la seguridad para las mujeres siguen siendo una deuda pendiente.

Este caso debe servir de llamada de alerta para que se implementen políticas públicas con recursos reales y compromiso institucional que protejan a las víctimas y sancionen con rigor a los agresores.

Solo así podrá detenerse esta cadena de feminicidios que enluta familias y desgarra comunidades.

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