Las autoridades de Guatemala investigan más de 60 denuncias presentadas contra ciudadanos cubanos señalados por ejercer como médicos sin contar con títulos válidos ni cumplir los requisitos legales establecidos en el país.

De acuerdo con información publicada por el diario Prensa Libre, el Ministerio Público de Guatemala confirmó que las acusaciones incluyen delitos como usurpación de calidad profesional, incumplimiento de requisitos legales y posibles afectaciones a la seguridad de los pacientes.

El secretario general del MP, Ángel Arnoldo Pineda, indicó que algunos de los investigados podrían no haber tenido la formación necesaria para ejercer la medicina. Según explicó, las pesquisas buscan determinar el nivel real de preparación de los integrantes de las brigadas sanitarias.

Las investigaciones también apuntan a establecer cuántos de los ciudadanos cubanos desplegados en el país contaban efectivamente con credenciales médicas. Entre los elementos bajo análisis figura la posibilidad de que solo entre un 20 % y un 30 % de los integrantes tuviera formación profesional en el área de la salud.

El caso ha generado preocupación en el ámbito institucional, tanto por la posible comisión de fraude profesional como por sus implicaciones en el sistema sanitario. Las autoridades guatemaltecas han solicitado apoyo de agencias de Estados Unidos para ampliar las investigaciones, ante la posibilidad de que situaciones similares se hayan registrado en otros países.

Estas denuncias coinciden con un cambio en la política del gobierno guatemalteco respecto a las misiones médicas cubanas. Desde enero de 2026, se inició un proceso de no renovación progresiva de los contratos, lo que implicará la reducción paulatina de la presencia de estos profesionales en el país.

Durante años, los médicos cubanos han prestado servicios en zonas rurales y de difícil acceso en Guatemala. Sin embargo, su participación ha sido objeto de cuestionamientos relacionados con la transparencia de los acuerdos, las condiciones laborales y los mecanismos de supervisión.

Las investigaciones continúan en curso mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades legales.

Fuente: Medio Prensa Libre

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