La instalación migratoria impulsada por el presidente Donald Trump en la Base Naval de Guantánamo, concebida para albergar hasta 30,000 migrantes, mantiene actualmente solo seis detenidos haitianos. Mientras la ocupación es mínima, el operativo ya supera los 73 millones de dólares en gastos militares y enfrenta fuertes cuestionamientos legales, políticos y humanitarios.

La prisión migratoria creada por la administración de Donald Trump en la Base Naval de Guantánamo se encuentra prácticamente vacía, pese a haber sido presentada como una infraestructura capaz de recibir hasta 30,000 migrantes indocumentados. Documentos federales revelados recientemente muestran que, al 11 de mayo de 2026, apenas seis personas permanecían detenidas en el enclave militar, todas de nacionalidad haitiana.

La cifra contrasta con el enorme despliegue humano y financiero que sostiene la operación. Más de 500 militares, decenas de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y personal civil continúan asignados a la base. En la práctica, el número de funcionarios supera ampliamente al de detenidos, en una operación que ya genera fuertes críticas por su elevado costo y limitada utilidad.

Desde el inicio del programa migratorio en Guantánamo, más de 800 migrantes fueron trasladados a la instalación mediante más de cien vuelos. Sin embargo, la mayoría terminó siendo deportada o enviada nuevamente a centros de detención dentro de Estados Unidos. Entre ellos hubo ciudadanos cubanos que, según reportes y organizaciones defensoras de derechos civiles, no tenían antecedentes penales y fueron enviados temporalmente a la base antes de ser expulsados hacia Cuba.

El Departamento de Defensa estadounidense calcula que el componente militar de la operación ya supera los 73 millones de dólares, una cifra muy superior a las primeras estimaciones oficiales. La senadora Elizabeth Warren acusó a la administración republicana de malgastar fondos públicos en una estrategia migratoria “cruel e ineficiente”.

Las críticas también provienen del ámbito jurídico. La American Civil Liberties Union presentó demandas contra el programa, argumentando que la detención de civiles migrantes en una base militar como Guantánamo resulta punitiva y posiblemente ilegal. Un juez federal en Washington ya consideró preliminarmente que las condiciones de detención podrían violar principios constitucionales.

Especialistas en seguridad y migración sostienen que mantener una operación de esta magnitud en Guantánamo implica costos extraordinarios debido al aislamiento logístico de la base. Todo el suministro debe llegar desde territorio estadounidense, elevando significativamente los gastos de transporte, mantenimiento y personal.

Aunque la Casa Blanca defiende el proyecto como un mecanismo de disuasión contra la inmigración irregular, la escasa ocupación de la instalación y el creciente debate judicial alimentan dudas sobre la viabilidad política y económica de una de las iniciativas migratorias más controvertidas del actual gobierno estadounidense.

Fuente: CBS News

Recomendado para ti