La Administración del presidente Donald Trump redujo de 30 a 10 días el plazo que tienen los refugiados en Estados Unidos para responder a una notificación de las autoridades migratorias que pretenda poner fin a su estatus, una medida que podría aumentar el riesgo de deportación para miles de personas.

La nueva normativa entró en vigor este miércoles, 14 de octubre, y forma parte de los cambios impulsados por el Gobierno para endurecer los controles del programa de refugiados, según informó la agencia Associated Press (AP).

La disposición permite que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acelere el procedimiento cuando determine que una persona no reunía los requisitos legales para ser admitida como refugiada en el momento de su llegada al país.

Quienes reciban una notificación podrán presentar documentos y argumentos para cuestionar la decisión, o solicitar una entrevista. Sin embargo, el nuevo plazo de 10 días reduce considerablemente el tiempo disponible para reunir pruebas, buscar representación legal y preparar una respuesta.

El Gobierno sostiene que el cambio busca reforzar la seguridad nacional y pública, combatir posibles fraudes y garantizar la integridad del sistema migratorio. También afirma que las autoridades deben poder actuar con rapidez cuando consideren que una persona obtuvo indebidamente la protección como refugiada.

La medida ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los refugiados, que advierten que el plazo podría resultar insuficiente para quienes necesitan contratar un abogado, traducir documentos o conseguir pruebas en países de los que huyeron por persecución o conflictos armados.

La nueva política se enmarca en una revisión más amplia de los casos migratorios. La Administración Trump examina alrededor de 185.000 solicitudes de residencia permanente pendientes correspondientes a personas admitidas como refugiadas durante el Gobierno de Joe Biden, según los reportes publicados sobre la medida.

La normativa no significa que todos los refugiados perderán automáticamente su estatus. El procedimiento se dirige a los casos en los que las autoridades cuestionen si la persona cumplía los requisitos para recibir esa protección cuando fue admitida en Estados Unidos.

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