La administración de Donald Trump ha dado un nuevo giro radical a su política migratoria al imponer una controvertida cuota diaria de detenciones a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según la nueva directriz, los oficiales deberán realizar al menos 3.000 arrestos de inmigrantes indocumentados por día, una cifra que recuerda a las prácticas más cuestionadas de épocas anteriores.

La medida ha sido impulsada por el ideólogo Stephen Miller y respaldada por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem. Esta vez, sin embargo, el plan incluye un componente más agresivo: presionar a los agentes para cumplir una meta numérica diaria de arrestos, sin distinción clara entre inmigrantes con historial criminal y aquellos sin antecedentes.

“Este es el nuevo estándar para restaurar el estado de derecho en Estados Unidos”, declaró Miller en una reciente entrevista con Fox News. La cifra fijada —3.000 arrestos al día— supera ampliamente los niveles alcanzados durante los primeros 100 días del gobierno de Trump en 2017, cuando ICE detuvo a más de 66.000 personas, muchas de ellas con cargos previos. Ahora, el objetivo apunta a una red más amplia y menos selectiva.

Diversos analistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por el retorno de una política basada en cuotas, que puede incentivar detenciones arbitrarias y abusos de autoridad. “Cuando se establecen metas numéricas, se pierde el enfoque en la justicia y se privilegia la estadística por encima de los derechos humanos”, denunció un portavoz de la ACLU.

El nuevo plan va acompañado de una solicitud presupuestaria al Congreso para contratar 10.000 nuevos agentes de ICE y expandir los centros de detención migratoria. Además, se contempla la aprobación de un proyecto de ley de reconciliación que proveería fondos a largo plazo para sostener la operación.

Otro elemento polémico es el relanzamiento de programas de “autodeportación” para inmigrantes sin antecedentes penales. Bajo esta modalidad, el gobierno ofrece hasta $1.000 para financiar el regreso voluntario de personas en situación irregular. Aunque presentado como una “opción humanitaria”, críticos denuncian que es una forma encubierta de presión para forzar salidas sin el debido proceso legal.

El exdirector interino de ICE, Tom Homan, quien ha retomado un rol clave en esta estrategia, señaló que los niveles actuales de detenciones no son aceptables y que las redadas se intensificarán en los próximos meses. “Hay que actuar con contundencia para disuadir la inmigración ilegal”, sostuvo.

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