En una nueva medida que intensifica su ofensiva migratoria, la administración del presidente Donald Trump entregó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) datos personales de millones de inmigrantes inscritos en Medicaid, incluyendo su estatus migratorio, según reveló la agencia Associated Press (AP).

Los registros pertenecen a personas residentes en estados como California, Illinois, Washington y en la capital del país, y su transferencia podría facilitar la localización de inmigrantes para posibles procesos de deportación.

Un memorando interno y correos electrónicos obtenidos por AP indican que funcionarios del programa Medicaid intentaron frenar la entrega de estos datos, aludiendo a preocupaciones legales y éticas sobre el uso de información médica y personal con fines migratorios. Pese a sus objeciones, dos asesores de alto nivel del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., instruyeron proceder con la entrega de la base de datos a las autoridades migratorias.

Los empleados de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) apenas tuvieron 54 minutos para acatar la orden, de acuerdo con la documentación interna. Este tiempo limitado puso en entredicho la posibilidad de revisar adecuadamente las implicaciones legales de la medida antes de que los datos fueran transferidos.

Hasta ahora, no ha habido una declaración oficial de la Casa Blanca respecto a esta operación. Sin embargo, funcionarios republicanos han defendido el uso de herramientas federales para endurecer las políticas migratorias y facilitar las deportaciones de personas que se encuentren en el país en situación irregular.

El uso de información confidencial con fines migratorios no es nuevo, pero esta acción marca un precedente preocupante debido a su alcance masivo y la velocidad con la que fue ejecutada, sin el debido proceso o evaluación de impacto.

En estados como California y Nueva York, autoridades locales ya han expresado su preocupación por este tipo de medidas, recordando que Medicaid ha sido un salvavidas para comunidades vulnerables, incluyendo inmigrantes con hijos ciudadanos o en procesos legales.

La controversia se produce en un momento en que el gobierno de Trump refuerza su narrativa de “mano dura” contra la inmigración y mientras se prepara para implementar nuevas políticas que podrían afectar a millones de migrantes que actualmente residen y trabajan en Estados Unidos.

Fuente: AP

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