Nuevamente la activista Lara Crofs nos muestra rasgos inequívocos del gobierno dictatorial. Esta vez nos presentá a Anabel Díaz, autodenominada “diputada espiritual”, aunque su discurso no tiene ni claridad ni empatía.

Con una retórica cargada de frases vacías y apelaciones morales, insiste en que todos los ciudadanos deben integrarse forzosamente al sistema laboral. Pero lo que aparenta ser una exhortación al trabajo digno, no es más que una forma encubierta de imponer un modelo que “en lugar de dignificarnos, nos explota o nos empobrece”.

La narrativa que plantea esta diputada es peligrosa, porque convierte un derecho en una obligación. El trabajo, que debería ser un acto libre y voluntario, se transforma aquí en una imposición estatal.

Y cuando un derecho pierde su libertad de elección, deja de ser derecho para convertirse en instrumento de represión. Lo que se promueve, aunque no se diga de forma explícita, es una forma moderna de la tristemente célebre “ley del vago”: perseguir al que no tiene empleo o al que no se adapta al modelo productivo oficial, sin importar su situación personal, ni sus razones, ni su dignidad.

“Lo más grave es que mientras se exige disciplina laboral, el Estado no garantiza salarios justos, ni empleos reales, ni mucho menos una red de protección social”.

Así, este discurso termina culpando al individuo por una crisis estructural que no provocó. No se trata de motivar a la población, sino de castigarla. Se ocultan los problemas sistémicos tras una máscara de moralismo: la falta de empleo, el éxodo juvenil, la precariedad creciente, todo es achacado a una supuesta falta de voluntad de trabajar.

Pero hay más. "Anita", como la llaman algunos en las redes, mantiene su perfil de Facebook como una vitrina cerrada: no permite comentarios, no escucha críticas, no responde al pueblo. Tampoco se ha pronunciado sobre los abusos económicos que afectan directamente a la ciudadanía, como el tarifazo de ETECSA, que ha dejado incomunicados a miles de cubanos. Mientras tanto, pide más sacrificios y más disciplina.

“Estos discursos autoritarios disfrazados de compromiso social son el rostro amable de una represión que se disfraza de civismo. Nos dicen que quieren integrarnos, pero lo que buscan es someternos, añade Lara.

"Una vez más queda claro: estos diputados no representan al pueblo, sino al sistema que lo oprime. No defienden derechos, imponen obligaciones. No escuchan, censuran. No alivian, castigan. El control disfrazado de responsabilidad cívica es una de las formas más peligrosas de violencia política".

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