El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado un ambicioso plan para erradicar prácticas consideradas como sesgo anticristiano en el aparato estatal, tras la publicación de un informe preliminar del Grupo de Trabajo para Erradicar el Sesgo Anticristiano.

Este grupo, encabezado por la fiscal general Pam Bondi y creado por Donald Trump en febrero, tiene la misión de identificar y eliminar cualquier política o acción gubernamental que afecte negativamente la fe cristiana.

El informe señala que, bajo la administración de Joe Biden, múltiples agencias federales incurrieron en prácticas que perjudicaron a ciudadanos, empleados e instituciones cristianas. Por ejemplo, el Departamento de Defensa, la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo y el Departamento de Trabajo habrían gestionado de forma incorrecta o denegado exenciones religiosas frente al mandato de vacunación contra la COVID-19.

Además, el Departamento de Educación intentó imponer multas millonarias a universidades cristianas como Liberty University y Grand Canyon University.

Otras agencias, como el Departamento de Seguridad Nacional, omitieron perspectivas cristianas en sus directivas, mientras ofrecían adaptaciones para otras religiones. En el Departamento de Justicia, el informe denunció que no se procesaron con rigor delitos con sesgo anticristiano, mientras que se promovieron acciones legales contra activistas que se manifestaban por motivos religiosos.

El FBI fue cuestionado por clasificar a católicos tradicionalistas como potenciales amenazas terroristas. Asimismo, el Departamento del Tesoro habría promovido procesos de “desbancarización” contra grupos pro-cristianos.

Como respuesta, Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear una Oficina de Fe en la Casa Blanca, adscrita al Consejo de Política Nacional, con la tarea de asesorar al gobierno en la implementación de políticas que fortalezcan los valores religiosos en la vida pública.

La fiscal general Bondi aseguró que esta es solo la primera etapa de una investigación más amplia y que el informe final será presentado en febrero de 2026.

El Departamento de Estado enfatizó que la nueva administración revertirá el menosprecio al cristianismo observado durante la presidencia de Biden, comprometido a proteger y valorar la fe cristiana en la política exterior y en todos los ámbitos del gobierno federal.

Así, el Gobierno estadounidense reafirma su compromiso de proteger activamente la libertad religiosa y de erradicar cualquier forma de discriminación basada en la fe.

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