El gobierno de Estados Unidos ha aprobado recientemente una medida que permite a los empresarios privados cubanos acceder al sistema bancario estadounidense. En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) ha emitido una declaración oficial que critica duramente esta iniciativa, argumentando que no aborda las causas fundamentales de los problemas económicos del país y mantiene intacto el bloqueo.

La declaración del Minrex subraya que estas medidas son limitadas y no afectan significativamente el bloqueo económico ni las sanciones adicionales que Washington ha impuesto a Cuba. El gobierno cubano considera que esta decisión refleja una visión distorsionada de la realidad cubana por parte de Estados Unidos, ya que intenta separar artificialmente el sector privado del público. Según el Minrex, ambos sectores forman parte integral del sistema empresarial y de la sociedad cubana.

El Minrex acusa a Estados Unidos de intentar dirigir sus políticas únicamente hacia un segmento de la población cubana, sin eliminar las medidas coercitivas que afectan gravemente a la economía cubana y los servicios públicos. Estas restricciones, según el gobierno cubano, continúan dañando el bienestar de toda la población. Además, la declaración sugiere que Estados Unidos busca favorecer al sector privado cubano, que ha crecido bajo las políticas del gobierno cubano, con el objetivo de utilizarlo políticamente contra la Revolución. Tanto el sector público como el privado seguirán sufriendo las consecuencias del bloqueo y la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, lo cual consideran una medida absurda y perjudicial.

El gobierno cubano también critica que Estados Unidos mantiene su voluntad de castigar al sector estatal, el cual provee servicios esenciales como educación, salud, cultura y deportes a todos los ciudadanos, incluidos los del sector privado. La declaración destaca que estas medidas buscan desestabilizar el país y privar a Cuba de ingresos, afectando su cooperación médica internacional.

No obstante, el gobierno cubano deja abierta la posibilidad de no obstaculizar la aplicación de estas nuevas medidas, siempre y cuando no violen la legislación nacional y representen una apertura que beneficie a la población cubana, aunque solo sea a un segmento de ella.

La respuesta del gobierno cubano revela una vez más su reticencia a reconocer cualquier intento externo de fomentar el crecimiento del sector privado. La retórica oficial insiste en una visión unitaria y centralizada de la economía cubana, ignorando la potencial autonomía y beneficios que podría aportar un sector privado más robusto y menos controlado por el Estado. Además, al posicionarse contra la medida estadounidense, el gobierno cubano parece más interesado en mantener una narrativa de confrontación que en explorar vías de alivio económico para sus ciudadanos. El hecho de que la declaración oficial mencione la posibilidad de no obstaculizar estas medidas si benefician a la población, aunque sea de manera limitada, sugiere un reconocimiento implícito de la necesidad de cambio y apertura.

La crítica constante al embargo estadounidense, aunque válida en ciertos aspectos, se utiliza a menudo como un argumento para desviar la atención de las propias ineficiencias y problemas estructurales del sistema cubano. La falta de reformas económicas internas que promuevan una mayor libertad y autonomía para los empresarios cubanos sigue siendo un obstáculo significativo para el desarrollo del país.

Mientras el gobierno cubano denuncia las intenciones políticas detrás de las medidas estadounidenses, podría ser más productivo enfocarse en cómo tales aperturas podrían integrarse en una estrategia más amplia de desarrollo económico y mejora del bienestar para todos los cubanos.

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