Un cubano de 31 años se declaró culpable ante un tribunal federal de Florida por su participación en una red internacional que habría facilitado el ingreso ilegal de miles de migrantes a Estados Unidos mediante documentos falsos, fraude migratorio y lavado de dinero. La organización obtuvo más de 18 millones de dólares y cobraba hasta 40,000 dólares por persona.

Yuniel Lima-Santos, ciudadano cubano residente en Tampa, Florida, se declaró culpable de diez cargos relacionados con una red internacional de tráfico de personas, fraude migratorio y lavado de dinero que operó entre enero de 2021 y junio de 2025.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Lima-Santos formaba parte de una organización integrada por 12 personas y vinculada a la empresa Asesoría y Servicios Migratorios LLC, con sede en Tampa. La compañía se presentaba como una agencia legítima de asesoría migratoria, pero en realidad habría servido para facilitar operaciones fraudulentas.

La red captaba clientes principalmente mediante redes sociales y grupos de WhatsApp. Entre sus servicios ofrecía documentos falsificados para acreditar supuestas ciudadanías europeas y permitir que ciudadanos cubanos solicitaran de manera fraudulenta autorizaciones ESTA para viajar a Estados Unidos.

Los organizadores cobraban entre 1,500 y 40,000 dólares por persona y, de acuerdo con las autoridades, llegaron incluso a contratar aviones privados para trasladar grupos de migrantes. En total, la operación habría generado más de 18 millones de dólares.

El papel de Lima-Santos estaba relacionado principalmente con la logística. Entre 2021 y 2024 realizó transferencias internacionales por más de 600,000 dólares destinadas a financiar vuelos y otros movimientos de los migrantes.

Además, junto al también acusado Frandy Aragon Diaz, admitió haber ayudado a introducir ilegalmente a cinco extranjeros en Estados Unidos. Las autoridades también señalaron que participó en el traslado de mujeres cubanas que posteriormente trabajaban en clubes de entretenimiento para adultos para pagar las deudas contraídas por el traslado.

Como parte del esquema de lavado de dinero, Lima-Santos creó en Florida una empresa sin empleados, nómina ni ingresos declarados. Según la acusación, la compañía era utilizada exclusivamente para mover y ocultar fondos procedentes de las actividades ilícitas.

El acusado enfrenta ahora una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la sentencia definitiva todavía no tiene fecha.

El caso también involucra a otros 11 acusados. Siete ya se declararon culpables y esperan sentencia, mientras que Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez y Gisleivy Peralta Consuegra son los únicos que aún no han alcanzado un acuerdo con la fiscalía. Su juicio está previsto para comenzar el 21 de septiembre.

Fuentes: Diario de las Américas - US Attorney´s Office

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