Una denuncia pública compartida en redes sociales por la página La Tijera ha provocado un fuerte revuelo en Santiago de Cuba. El centro de la polémica es Yoel Rabaza Carrazana, director del Polo Productivo “Laguna Blanca”, quien enfrenta señalamientos por corrupción y presunto acoso sexual, tanto en el entorno digital como laboral.

La denuncia, acompañada de múltiples comentarios de ciudadanos indignados, expone un esquema de poder y favoritismo donde, presuntamente, Rabaza estaría beneficiando a la élite política local mientras mantiene prácticas cuestionables con trabajadoras y jóvenes de la provincia.

Según el testimonio publicado, el funcionario sería el principal proveedor de alimentos para altos dirigentes de Santiago de Cuba, entre ellos la primera secretaria del partido Beatriz Johnson Urrutia.

Mientras la mayoría de la población vive bajo condiciones económicas precarias, Rabaza garantiza comidas especiales para las autoridades, enriqueciendo su posición personal. El malestar aumenta al señalarse que utiliza esta posición para “negociar” favores íntimos a cambio de teléfonos, ropa y viajes, ofreciendo estos beneficios a jovencitas santiagueras a través de WhatsApp y redes sociales.

“Varias víctimas han comenzado a recopilar pruebas con el objetivo de enviar un expediente completo a las autoridades políticas y gubernamentales del país”, indica la denuncia, subrayando que también hay acusaciones por presunto acoso laboral hacia trabajadoras subordinadas.

Aunque aún no hay confirmación oficial sobre el inicio de una investigación, las reacciones en redes no se han hecho esperar. Decenas de usuarios han expresado repudio y escepticismo sobre una posible sanción real, dado el historial de impunidad que muchas veces acompaña a funcionarios públicos acusados en Cuba.

“Si está alimentando a los de arriba, no le pasará nada”, comenta una internauta, reflejando el sentir colectivo. Otros señalan que, lejos de ser investigado o separado de su cargo, probablemente sea reubicado en un puesto con más privilegios, como ha sucedido anteriormente con casos similares.

Esta denuncia ha dado visibilidad a un problema estructural en la administración pública cubana, donde el abuso de poder y la falta de mecanismos de rendición de cuentas parecen ser prácticas comunes. Ante esto, la exigencia ciudadana es clara: transparencia, justicia y protección efectiva para las víctimas.

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