El gobierno ha iniciado un proceso para legalizar construcciones en tierras agropecuarias que, hasta la fecha, no cumplían con los requisitos formales establecidos. Esta medida responde a las irregularidades detectadas durante los controles de posesión, uso y legalidad de la tierra.

Con el objetivo de restaurar la legalidad, se ha aprobado un proceso de ordenamiento y legalización de construcciones y bienes agropecuarios en tierras entregadas en usufructo, siempre que dichas edificaciones cumplan con las normativas territoriales, urbanísticas y las disposiciones legales vigentes. Estas regulaciones también consideran las zonas especiales donde se aplican restricciones adicionales. Asimismo, las construcciones deben estar relacionadas con la producción agropecuaria y forestal.

El Consejo de Ministros emitió el Acuerdo 9933 de 2024 y el Decreto 105 de 2024 como marco normativo para llevar a cabo estas acciones. El Decreto 105, en particular, permite que las autoridades de Ordenamiento Territorial, Urbanismo y Agricultura autoricen la legalización de edificaciones que, aunque no se ajustaban inicialmente a las formalidades legales, ahora pueden regularizarse. Esto incluye viviendas construidas en tierras dentro del perímetro urbano, terrenos considerados en los planes territoriales y aquellas entregadas para el autoabastecimiento familiar.

Para analizar la viabilidad de las legalizaciones, las entidades estatales encargadas del usufructo de tierras están realizando un levantamiento detallado de las construcciones existentes. Este proceso se basa en los resultados de los controles de uso de la tierra, y sigue una metodología aprobada para enfrentar las ilegalidades detectadas.

Levantamiento y análisis de las construcciones

El levantamiento debe cubrir diferentes tipos de construcciones, según los plazos y categorías establecidas:

Construcciones sin estatus legal detectadas en los municipios piloto durante 2023. (30 días)

Bienes agropecuarios productivos, como casas de tabaco, cochiqueras y almacenes, identificados en los controles. (60 días, con presentación mensual de los nuevos casos detectados)

Viviendas de usufructuarios, productores y familiares que carecen de estatus legal. (90 días, con reporte mensual de nuevas detecciones)

Una vez realizado el levantamiento, las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo evaluarán la procedencia de la legalización. Solo se considerarán aquellas construcciones que cumplan con los requisitos legales y que hayan sido edificadas entre 2008 y 2023. Sin embargo, las construcciones en áreas medioambientalmente sensibles o de importancia para la seguridad nacional no serán elegibles para legalización.

En los casos donde no se acceda a la legalización, las construcciones serán incluidas en el "Programa integral de enfrentamiento a las ilegalidades en las construcciones", de acuerdo con la normativa vigente. Este programa busca sancionar y regularizar las edificaciones ilegales que no cumplan con los criterios de ordenamiento establecidos.

Este nuevo proceso tendrá una duración de cinco años a partir de su entrada en vigor, lo que permitirá a los productores y familias regularizar su situación y contribuir a una mejor organización de las tierras agropecuarias.

Recomendado para ti