Dayrena Pentón Blanco, fiscal del régimen cubano en Jovellanos, Matanzas, fue una de las responsables directas de procesar y encarcelar a manifestantes pacíficos durante las históricas protestas del 11 de julio de 2021 (#11J).

Su papel fue crucial en la maquinaria de represión que castigó con severidad a ciudadanos cuyo único "delito" fue exigir libertad y derechos.

Su esposo —cuyo nombre completo aún no ha sido confirmado— trabajaba como agente de la Policía y también participó en los operativos de represión. Ambos, instrumentos del aparato represivo de la dictadura cubana, hoy viven cómodamente en Tampa, Florida, junto a su hijo Carlos Daniel, disfrutando de las libertades y el estilo de vida democrático que negaron a tantos en la Isla.

¡Este no es un caso aislado!

Otros esbirros del régimen cubano también han encontrado refugio en Estados Unidos, ocultando sus antecedentes bajo solicitudes de asilo o visados familiares.

Por ejemplo, en Miami residen antiguos oficiales del MININT y miembros de la Seguridad del Estado que ahora se hacen pasar por “víctimas del comunismo”. Se han identificado perfiles como el de José A., exteniente coronel, quien en Cuba dirigía interrogatorios a opositores y ahora pasea libremente por Hialeah.

Otro caso es el de María R., exfuncionaria del Tribunal Supremo Popular, quien validó condenas a jóvenes del 11J y ahora trabaja en un restaurante en Kendall.

¿Cómo puede ser que quienes fueron parte activa de un sistema represivo vivan impunemente en el país que representa todo lo contrario a la dictadura que defendieron?

Es indispensable que la comunidad exiliada continúe denunciando estos casos ante las autoridades migratorias y organizaciones de derechos humanos.

¡No se trata de venganza, sino de justicia y memoria!. Quienes fueron cómplices del sufrimiento de un pueblo no deben beneficiarse del país que acoge a sus víctimas.

¡Denunciemos! La impunidad no puede tener cabida en una sociedad que se dice libre.

(Una denuncia de Almakii Díaz)

© LaTijera

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