El Gobierno cubano volvió a hablar de “modernidad” y “transparencia” en La Habana, pero la realidad lo desmintió en cuestión de minutos. En plena inauguración del VIII Foro de Inversiones, el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva reconoció que el Estado no puede garantizar combustible ni siquiera a las empresas extranjeras que intenta atraer desesperadamente.

El funcionario admitió que los inversionistas podrán comprar combustible directamente en divisas y sin límites, e incluso importarlo por su cuenta si el Estado “no tiene disponibilidad”. La declaración revela que el régimen no puede asegurar ni el diésel básico para quienes supuestamente representan el futuro económico de la isla.

El anuncio llega en un contexto marcado por apagones de más de 10 horas, colas interminables en los servicentros y un Sistema Electroenergético Nacional al borde del colapso. Si los cubanos están a oscuras, ahora queda claro que los inversionistas también.

En su discurso, Pérez-Oliva habló del esfuerzo estatal para que “no sea así”, pero su admisión confirma que el Gobierno está literalmente sin gasolina, en sentido energético y político.

El ministro también anunció la creación de un esquema “diferenciado” que permitirá a las empresas extranjeras operar con mayor flexibilidad en pesos y divisas, una señal evidente de la dolarización parcial que avanza mientras los trabajadores cubanos sobreviven con salarios que no alcanzan ni para una semana de comida.

Mientras el Gobierno vende la idea de “resultados históricos” en algunas empresas mixtas, la población enfrenta mercados vacíos, inflación en espiral y apagones cada vez más largos. Esa contradicción resume la Cuba actual: un discurso que promete prosperidad frente a un país que se deshace.

Otro guiño a los inversionistas fue permitirles escoger directamente a sus empleados, con contratación directa o mediante la entidad empleadora estatal. Una concesión que durante décadas se negó por motivos ideológicos y que ahora se desempolva por pura desesperación económica. También se autoriza pagar gratificaciones en divisas desde las utilidades, siempre que provengan del exterior y pasen por los bancos del régimen.

Todo esto ocurre días después del corralito financiero silencioso impuesto por el propio Gobierno, que congeló las cuentas en divisas de empresas extranjeras e incluso de embajadas. Una jugada que pulverizó la confianza en el clima de inversiones y dejó claro que en la isla ni el dinero extranjero está a salvo.

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