El exministro de Economía y Planificación de Cuba y ex viceprimer ministro, Alejandro Gil Fernández, figura en el centro de una polémica informativa tras revelarse que habría mantenido contactos con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, en un contexto marcado por especulaciones sobre una posible transición política en la Isla. La fuente de estas afirmaciones es el periodista Daniel Benítez, quien ha difundido la versión en redes y medios digitales.

Gil Fernández, una de las figuras económicas más prominentes del Gobierno cubano en los últimos años, fue destituido de sus cargos en febrero de 2024 y posteriormente sujeto a un proceso penal que culminó en una condena a cadena perpetua por espionaje, además de una sentencia adicional de 20 años por delitos como malversación, evasión fiscal, cohecho y lavado de activos, entre otros cargos presentados por la Fiscalía General de la República de Cuba. El Tribunal Supremo Popular ratificó estas penas recientemente tras rechazar los recursos de apelación de la defensa.

Las informaciones atribuidas a Benítez sugieren que Gil podría haber sido considerado por Washington como un interlocutor útil para facilitar una transición política en Cuba, en un escenario de presiones externas intensificadas por la reciente crisis en Venezuela y la captura del expresidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Aunque no hay confirmación oficial de los contactos entre Gil y autoridades del gobierno norteamericano, la interpretación ha generado debate entre analistas y críticos del régimen cubano.

En comparación, Delcy Rodríguez, la política venezolana mencionada en la misma narrativa como un posible paralelo, es una figura clave del chavismo que ha actuado como vicepresidenta y líder política en Venezuela, incluso ocupando funciones de facto tras la captura de Maduro. Rodríguez ha mantenido históricamente posiciones diplomáticas complejas con Washington, incluyendo negociaciones indirectas en el contexto venezolano.

Para el Gobierno cubano, Gil fue durante años un colaborador cercano del presidente Miguel Díaz-Canel, encargado de implementar políticas económicas claves como la “Tarea Ordenamiento”, una reforma monetaria que resultó polémica y controversial. Su caída, y la severidad de las acusaciones que enfrentó en juicios celebrados a puerta cerrada, ha alimentado interpretaciones de que su caso representa tanto una respuesta oficial a supuestas filtraciones como una escenificación de política interna, en la que el liderazgo busca controlar narrativas y responsabilidades en medio de tensiones económicas y geopolíticas.

La versión de Daniel Benítez continúa circulando en medios digitales y redes sociales, donde la narrativa sobre Gil como “la Delcy cubana” ha servido para ilustrar las complejidades de la política y el espionaje en un contexto de presión internacional.

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