Casi tres décadas después del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el episodio vuelve a generar titulares y tensiones políticas. Esta vez, el detonante ha sido la iniciativa de varios congresistas cubanoamericanos que buscan que el Departamento de Justicia de Estados Unidos evalúe la posibilidad de presentar cargos penales contra Raúl Castro por los hechos ocurridos el 24 de febrero de 1996.

La reacción desde La Habana no se hizo esperar. Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDR y uno de los exintegrantes del grupo conocido como “Los Cinco”, cuestionó públicamente la viabilidad jurídica de esa propuesta. A través de redes sociales, ironizó sobre los fundamentos legales del posible encausamiento y puso en duda el argumento central que sostienen los promotores de la iniciativa: que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional.

El punto clave del debate gira precisamente en torno a la jurisdicción. De acuerdo con informes históricos, incluido el análisis realizado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), los aviones fueron abatidos fuera del espacio aéreo cubano. Este detalle ha sido utilizado durante años por organizaciones del exilio y legisladores para argumentar que Estados Unidos tendría base legal para procesar el caso, dado que entre las víctimas había ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, más allá del debate político, los obstáculos jurídicos son complejos. La inmunidad que puede amparar a exjefes de Estado, la dificultad de ejercer jurisdicción extraterritorial y la inexistencia de un mecanismo realista de extradición desde Cuba representan barreras considerables. Incluso si se presentaran cargos formales, el proceso podría quedar en el terreno simbólico más que en una acción judicial efectiva.

El tema también ha cobrado nueva relevancia tras el arresto en Estados Unidos del ex piloto cubano Luis Raúl González-Pardo por presunto fraude migratorio. Aunque no enfrenta cargos directos por el derribo, su caso ha sido interpretado por sectores del exilio como una posible vía para reexaminar responsabilidades vinculadas al operativo de 1996.

En redes sociales, el debate se ha polarizado entre quienes exigen justicia histórica para las víctimas y quienes consideran que la iniciativa responde más a una estrategia política que a una viabilidad legal concreta. Lo cierto es que el caso vuelve a poner sobre la mesa una de las heridas más sensibles en la relación entre Cuba y Estados Unidos, demostrando que, incluso 30 años después, el pasado sigue influyendo en el presente.

Fuente: Yahoo.noticias

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