El estado de Florida se suma oficialmente a la lista de territorios donde los ciudadanos podrán portar armas de fuego de manera visible en público. La decisión se produjo luego de que un fallo judicial declarara inconstitucional la prohibición vigente desde 1987, lo que llevó al fiscal general, James Uthmeier, a instruir a las fuerzas del orden a dejar de aplicar la norma.

En un memorándum difundido la semana pasada, Uthmeier confirmó que “open carry es la ley del estado”, eliminando así cualquier base legal para detener o procesar a quienes porten un arma de forma abierta. La medida, sin embargo, contempla excepciones: las armas seguirán prohibidas en colegios, universidades, bares, edificios judiciales y otros espacios señalados por la legislación. Asimismo, parques temáticos y comercios privados podrán negar la entrada a quienes porten armas a la vista.

El cambio tiene su origen en la decisión de un panel de tres jueces del Primer Distrito de la Corte de Apelaciones, con sede en Tallahassee, que resolvió que la prohibición de Florida carecía de sustento histórico y violaba la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

La jueza Stephanie W. Ray, en el dictamen, señaló que “ninguna tradición histórica respalda la prohibición de Florida sobre el open carry”. El caso fue impulsado por Stan McDaniels, detenido en 2002 en Pensacola por portar una pistola de manera visible durante una protesta, lo que abrió un largo proceso judicial que concluyó con este giro legal.

El gobernador Ron DeSantis celebró públicamente la decisión y destacó que alinea a Florida con la mayoría de los estados de la nación, gobernados en su mayoría por el Partido Republicano. “El tribunal interpretó correctamente que la Segunda Enmienda dice lo que significa y significa lo que dice”, declaró.

El New York Times subrayó que Florida era uno de los últimos estados republicanos en mantener la prohibición del porte abierto, junto con California, Connecticut e Illinois. Con esta decisión, el estado se integra a la tendencia nacional hacia un marco legal más permisivo respecto a las armas.

No obstante, persisten divisiones. Durante años, líderes policiales y algunos legisladores republicanos se opusieron a derogar la prohibición, advirtiendo riesgos para la seguridad pública. La resistencia se había intensificado tras la masacre en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, ocurrida en 2018, que dejó 17 muertos y llevó a endurecer la normativa sobre armas, incluyendo el aumento de la edad mínima para comprar rifles de 18 a 21 años.

El fallo del tribunal de apelaciones entrará en vigor el 25 de septiembre de 2025, aunque la oficina de Uthmeier indicó que no planea apelar ni mantener procesos judiciales relacionados con la prohibición derogada.

El fiscal general incluso sugirió que la restricción sobre la edad mínima para la compra de rifles podría ser el próximo objetivo legal, lo que augura nuevas disputas en torno al equilibrio entre el derecho constitucional a portar armas y la seguridad ciudadana.

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