Los residentes de Florida que soliciten por primera vez una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal, renueven sus documentos o pidan un reemplazo deberán tener en cuenta un nuevo requisito: las credenciales incluirán una referencia expresa a su condición de ciudadanos estadounidenses.

La disposición forma parte de la ley HB 991, conocida como Florida SAVE Act, promulgada por el gobernador Ron DeSantis el 1 de abril de 2026. La normativa establece que el cambio deberá estar implementado a más tardar el 1 de julio de 2027.

La medida no obliga a los residentes a sustituir inmediatamente las licencias o identificaciones que todavía estén vigentes. El nuevo formato se incorporará cuando se realicen trámites de emisión inicial, renovación o reposición.

La legislación establece que el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) utilizará la información de sus registros oficiales para determinar el estatus legal que aparecerá en cada documento.

Esto significa que las credenciales de quienes figuren como ciudadanos estadounidenses identificarán expresamente esa condición, mientras que las de otros residentes reflejarán que no tienen ciudadanía estadounidense.

La ley contempla disposiciones específicas para las personas que obtengan la ciudadanía estadounidense después de haber recibido su licencia o identificación.

Quienes actualicen su estatus dentro del plazo legal de 30 días posteriores a la naturalización podrán solicitar una nueva credencial o reposición sin pagar la tarifa correspondiente.

Entre los documentos aceptados para acreditar la ciudadanía figuran el certificado de naturalización, el pasaporte estadounidense vigente y el certificado de nacimiento expedido en Estados Unidos.

La HB 991 no se limita a modificar las licencias de conducir. También establece nuevos mecanismos para verificar la ciudadanía de las personas que soliciten inscribirse en el padrón electoral o actualicen sus datos.

Estas disposiciones electorales comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027 y contemplan la utilización de bases de datos estatales y federales para comprobar la condición de los votantes.

DeSantis ha defendido la legislación argumentando que permitirá reforzar la seguridad y la transparencia de las elecciones en Florida.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos civiles y grupos de inmigrantes han cuestionado la normativa y presentado demandas federales. Consideran que los nuevos requisitos podrían generar obstáculos para ciudadanos naturalizados y otros votantes que tengan dificultades para presentar determinados documentos.

Fuente: Infobae

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