La Fiscalía Provincial de Villa Clara ha solicitado seis años de prisión para un cubano de 33 años, acusado de propaganda contra el orden constitucional y desacato tras publicar mensajes en Facebook en los que criticaba al Gobierno cubano. El acusado, cuyo nombre no ha sido revelado, está en prisión provisional desde septiembre de 2025, según un documento al que tuvo acceso la agencia EFE.

Los hechos ocurrieron a lo largo de 2024, cuando el hombre, vecino de Ranchuelo, creó un "perfil falso" en la red social con el objetivo de incitar a sus vecinos a tomar las vías públicas mediante actos de violencia para derrocar el sistema político del país. Además de estas acusaciones, se le reprocha haber exigido al gobierno municipal que solucionara los problemas de los prolongados cortes de electricidad que afectaban a la población.

La Fiscalía también presenta como pruebas dos publicaciones específicas. La primera es una imagen editada del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, representado de manera ofensiva, acompañada con el texto "La solución". La segunda publicación fue un llamado a la población para concentrarse frente a la sede del Partido Comunista de Ranchuelo y exigir sus derechos "como pueblo".

Este caso se suma a otros de similar naturaleza, como el de Alexander Verdecia Rodríguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), condenado en diciembre a siete años de prisión por “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”. A su vez, en marzo de 2025, un tribunal cubano impuso siete años de cárcel a Alexander Mario Fábregas, ex preso del 11J, por publicaciones en redes sociales que cuestionaban el sistema cubano y apoyaban la desobediencia civil.

Desde 2019, Cuba cuenta con el Decreto Ley 370, que penaliza la difusión de información "contraria al interés social" a través de redes sociales. Esta normativa ha sido criticada por diversas organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, como la ONU. Además, desde 2022, el nuevo Código Penal incorporó la difusión de contenido en redes sociales como un agravante para varios delitos relacionados con el orden público y el derecho al honor.

Un informe reciente de Prisoners Defenders, basado en 200 testimonios de víctimas dentro y fuera del país, señala que el 98,5% de los encuestados ha sufrido sanciones o amenazas por sus publicaciones en internet. Este informe destaca cómo Cuba ha consolidado un sistema de vigilancia digital para "neutralizar el disenso", amparado en leyes punitivas que restringen las libertades en línea.

Recomendado para ti