La fiscalía de Bolivia emitió este lunes una nueva orden de captura contra el expresidente Evo Morales, acusado de trata agravada de personas. La fiscal Sandra Gutiérrez, a cargo del caso en el departamento de Tarija, informó que Morales y la madre de la presunta víctima, Idelsa Pozo, han sido formalmente imputados y se solicitó una alerta migratoria para evitar que abandonen el país.

La investigación, que inició en septiembre, apunta a que Morales habría mantenido una relación con una menor de edad perteneciente al grupo juvenil Generación Evo, creado durante su mandato presidencial. Según la denuncia, los padres de la joven presuntamente habrían facilitado el vínculo a cambio de beneficios personales, situación que agravaría las acusaciones.

De acuerdo con Gutiérrez, Morales fue citado a declarar, pero no se presentó en el plazo estipulado, lo que motivó la decisión de reactivar la orden de detención. “Al no haber comparecido en los tiempos legales, hemos procedido a presentar la imputación formal y a solicitar medidas cautelares”, declaró la fiscal en conferencia de prensa.

La orden de aprehensión, emitida inicialmente el pasado 16 de octubre, no pudo ejecutarse debido a las dificultades enfrentadas por la policía para acceder a Chapare, bastión político y sindical del exmandatario. Informes policiales detallan que Morales se refugió en Villa 14 de Septiembre, protegido por su base cocalera, donde miles de seguidores realizaron bloqueos para impedir su captura.

Durante los operativos, agentes de seguridad enfrentaron violencia, con varios heridos durante enfrentamientos en las carreteras bloqueadas. “El riesgo operativo y la seguridad de los agentes fueron determinantes en la imposibilidad de ejecutar la orden de captura”, indicó la fiscal Gutiérrez, citando reportes oficiales.

Morales, quien asegura estar protegido por un contingente de 500 personas, no ha abandonado Chapare desde octubre. El exmandatario sostiene que las acusaciones tienen motivaciones políticas, una afirmación rechazada por la fiscalía, que insiste en que el caso busca defender los derechos de la presunta víctima. “No hay tintes políticos aquí. Estamos defendiendo a una joven que ha sido vulnerada, con consentimiento de sus padres”, enfatizó Gutiérrez.

Además del proceso en Bolivia, Morales enfrenta una denuncia similar en Argentina por presuntos delitos de trata de personas y abuso sexual durante su estadía como refugiado político en 2019, bajo el gobierno de Alberto Fernández.

La controversia en torno al caso también provocó una crisis interna en el sistema judicial boliviano. En octubre, la fiscal Gutiérrez fue apartada temporalmente de sus funciones por el entonces fiscal general Juan Lanchipa, acusado de interferir en el proceso. Sin embargo, tras su renuncia y el posterior regreso de Gutiérrez, la investigación volvió a activarse.

Mientras la justicia boliviana avanza con las imputaciones, el país permanece expectante ante el curso de los acontecimientos. La reactivación de la orden de captura genera incertidumbre sobre cómo las autoridades lograrán ejecutar el arresto en un contexto marcado por tensiones sociales y políticas.

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