El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha lanzado una seria advertencia contra el alguacil del condado de Broward, Gregory Tony, quien expresó públicamente su negativa a arrestar a inmigrantes indocumentados. En una carta enviada el lunes 3 de junio, Uthmeier señaló que las declaraciones del sheriff podrían derivar en sanciones legales, incluida su destitución por orden del gobernador Ron DeSantis.

Durante una audiencia presupuestaria reciente, Tony afirmó que detener a personas por su estatus migratorio no es una prioridad de su oficina y que su departamento, con un presupuesto de 765 millones de dólares, está enfocado en otras áreas de seguridad local. Esta postura fue interpretada por el fiscal como una violación de la ley estatal que obliga a las autoridades locales a cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“El cumplimiento de las leyes de inmigración no es opcional. Es un mandato legal en Florida”, subrayó Uthmeier en su carta, difundida por medios oficiales. Añadió que su oficina utilizará todas las herramientas disponibles para asegurar que los funcionarios estatales cumplan con su deber de proteger la seguridad pública.

El fiscal advirtió que las sanciones para quienes no colaboren con las autoridades migratorias incluyen la posibilidad de ser declarados en desacato e incluso removidos del cargo por el gobernador. En este contexto, Gregory Tony podría enfrentar consecuencias si mantiene su negativa a implementar las políticas migratorias del estado.

La controversia ha generado fuertes reacciones, especialmente en el condado de Broward, donde más del 36% de la población nació en otro país, según datos del Censo. Se estima que más de 117.000 inmigrantes indocumentados residen en esa jurisdicción, que incluye ciudades importantes como Fort Lauderdale.

Florida, liderada por DeSantis, ha intensificado sus políticas migratorias en sintonía con la línea dura promovida por el presidente Donald Trump. Entre las medidas aprobadas se encuentran la prohibición de las llamadas “ciudades santuario”, multas de hasta 5.000 dólares para los funcionarios que no cooperen con ICE, y propuestas para que la Guardia Nacional y la Patrulla de Carreteras participen activamente en operativos de detención y deportación.

El gobernador incluso presentó recientemente un plan migratorio al Gobierno federal que busca ampliar aún más el poder de las autoridades estatales en la ejecución de leyes migratorias, incluyendo la posibilidad de que policías locales asuman funciones similares a las de los agentes federales.

El sheriff Tony, sin embargo, se mantiene firme en su postura, asegurando que su enfoque está en los problemas reales que afectan a su comunidad y no en perseguir a personas por su estatus migratorio. “La inmigración no es competencia de esta oficina”, dijo durante la mencionada audiencia.

Fuente: EFE

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