El Tribunal Supremo de España ordenó al Ministerio de Economía entregar información específica sobre la gestión realizada por el Estado en los procesos de reestructuración, aplazamiento y posible condonación de deudas de Cuba y Venezuela, al considerar que esos datos no pueden mantenerse reservados de forma genérica bajo el argumento de proteger las relaciones diplomáticas.

La decisión quedó recogida en una sentencia emitida el pasado 4 de mayo, en la que el alto tribunal establece que el Gobierno sí debe informar sobre la aplicación concreta de los acuerdos financieros alcanzados con ambos países, incluyendo condiciones adoptadas, modificaciones de plazos y eventuales reducciones de deuda.

El proceso judicial comenzó tras una solicitud presentada en julio de 2021 ante el entonces Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. El demandante pidió acceso a información relacionada con la deuda vigente de Cuba y Venezuela con España, además de expedientes, renegociaciones, intereses y acuerdos de refinanciación desarrollados desde 2004.

La Secretaría General del Tesoro reconoció parcialmente la petición y detalló que, hasta diciembre de 2020, Cuba mantenía obligaciones financieras con España por 1.937 millones de euros, mientras que Venezuela acumulaba más de 213 millones. Sin embargo, negó la entrega de informes internos, actas y documentación vinculada a las negociaciones.

Respecto al caso cubano, las autoridades españolas confirmaron la firma de un acuerdo en diciembre de 2015 junto a países acreedores del Club de París, mecanismo que incluyó una reestructuración de deuda con quitas parciales. También señalaron que en 2021 se aprobó una modificación para reprogramar determinados pagos pendientes.

El Tribunal Supremo concluyó que la confidencialidad de las negociaciones internacionales no impide divulgar cómo España ejecutó esos acuerdos dentro de su propio marco administrativo.

Fuente: La Gaceta ES

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