El FBI arrestó a Shenghua Wen, un inmigrante chino residente ilegalmente en California, acusado de conspirar con el régimen de Corea del Norte para adquirir y enviar armas, municiones y otros equipos militares restringidos desde Estados Unidos. Según los fiscales federales, Wen, de 39 años, jugó un papel clave en un sofisticado plan para suministrar material militar que el gobierno norcoreano utilizaría para potencialmente atacar a Corea del Sur.

Wen llegó a Estados Unidos en 2012 con visa de estudiante, pero se quedó en el país ilegalmente después de que su visa expirara. Durante su estancia, habría establecido una empresa en Texas para comprar armas y municiones, que posteriormente serían enviadas a Corea del Norte. El régimen norcoreano le habría pagado 2 millones de dólares por sus servicios, según la denuncia presentada por el Departamento de Justicia.

El plan implicaba no solo la compra de armamento, sino también la adquisición de uniformes militares estadounidenses, que se utilizarían para disfrazar a los soldados norcoreanos en un ataque sorpresa contra Corea del Sur, donde están desplegados miles de efectivos militares estadounidenses.

Las autoridades federales realizaron una redada en la residencia de Wen en Ontario, California, donde encontraron una cantidad significativa de material restringido. Entre los objetos decomisados se incluyen 50,000 rondas de municiones, equipo sofisticado de detección química y una herramienta para detectar dispositivos de audio. Además, el FBI encontró en su teléfono móvil mensajes entre Wen y varios co-conspiradores norcoreanos que contenían imágenes de armas de fuego y equipos electrónicos.

Los fiscales federales señalan que el arresto de Wen evitó que más material militar llegara a manos del régimen norcoreano, subrayando la gravedad de la situación. "Las consecuencias de estas acciones, cuando la tecnología y los artículos sensibles caen en manos equivocadas, son incalculables", señaló Shawn Gibson, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Wen enfrenta cargos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, y si es condenado, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión. La investigación del FBI también ha proporcionado información valiosa que ayudará a reforzar la seguridad en la región y proteger a los aliados de Estados Unidos en la lucha contra la proliferación de armas.

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