Las familias de dos hombres de Trinidad y Tobago presentaron una demanda civil contra el gobierno de Estados Unidos, tras la muerte de sus seres queridos en un ataque con misiles estadounidenses contra una embarcación en el mar Caribe en octubre de 2025. La acción legal, radicada en un tribunal federal de Massachusetts, acusa a la administración del presidente Donald Trump de llevar a cabo “asesinatos premeditados e intencionales” que carecen de justificación legal, y representa el primer desafío judicial de este tipo contra una serie de ataques navales impulsados por Washington.

La demanda fue presentada por Lenore Burnley, madre de Chad Joseph, de 26 años, y Sallycar Korasingh, hermana de Rishi Samaroo, de 41, quienes murieron cuando el barco en el que viajaban fue alcanzado por un misil estadounidense el 14 de octubre de 2025. El ataque, parte de una campaña militar llevada a cabo por Estados Unidos en el Caribe y el océano Pacífico oriental, ha incluido al menos 36 ofensivas desde septiembre de ese año y se ha cobrado la vida de más de 120 personas, según documentos judiciales.

Según la denuncia, Joseph y Samaroo no eran narcotraficantes ni estaban vinculados a actividades ilegales, como ha sostenido la administración Trump para justificar los ataques. En cambio, la demanda señala que ambos hombres habían viajado a Venezuela para trabajar en pesca y labores agrícolas, y se encontraban regresando a sus hogares en Las Cuevas, Trinidad y Tobago, cuando su embarcación fue destruida.

Chad Joseph, describe la demanda, era un pescador y padre de familia que solía viajar entre Venezuela y Trinidad para sostener a su esposa y tres hijos. Rishi Samaroo, por su parte, había trabajado en agricultura tras haber sido liberado de prisión en 2024, y mantenía comunicación con su familia hasta días antes del ataque.

El documento legal sostiene que los ataques constituyen homicidios extrajudiciales y violan tanto leyes estadounidenses como normas de derecho internacional. La demanda invoca dos instrumentos legales: el Death on the High Seas Act, que permite reclamar por muertes injustificadas en alta mar, y el Alien Tort Statute, que permite que extranjeros presenten demandas en tribunales de EE. UU. por violaciones de derechos humanos reconocidas internacionalmente.

Abogados de derechos civiles, incluidos representantes de la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Center for Constitutional Rights, presentaron la demanda. En declaraciones recogidas en documentos judiciales, sostienen que “ninguno de los hombres representó una amenaza concreta, específica e inminente” y que “se podrían haber empleado medios distintos a la fuerza letal”.

Aunque el gobierno estadounidense ha defendido sus operaciones al alegar que se dirigían contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, críticos y expertos legales han señalado que no se ha presentado públicamente evidencia que respalde esas afirmaciones en el caso de esta embarcación. Además, el gobierno de Trinidad y Tobago declaró públicamente que no tiene información que vincule a Joseph o Samaroo con actividades ilegales ni evidencia de que estuvieran transportando drogas o armas en el momento del ataque.

La demanda busca una compensación económica para las familias de las víctimas, aunque no pretende detener las operaciones en curso. Para los demandantes, esta acción judicial representa una búsqueda de responsabilidad y transparencia ante lo que describen como una campaña militar que ha tenido consecuencias mortales para civiles inocentes.

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