Un exfuncionario de alto rango de USCIS y otro hombre fueron arrestados en Texas y enfrentan cargos federales por una presunta trama para recibir pagos a cambio de manipular y acelerar solicitudes de beneficios migratorios, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El exoficial fue identificado como Lukman Owolabi Ganiyu, quien se desempeñó como Senior Immigration Services Officer de USCIS. El segundo acusado es Adeniyi Akeem Somoye. Ambos fueron arrestados a principios de este mes de septiembre, después de que una denuncia penal federal fuera presentada el 31 de agosto.

De acuerdo con los fiscales, la presunta operación habría funcionado entre diciembre de 2019 y marzo de 2026. Ganiyu habría utilizado su posición para intervenir en solicitudes de inmigración y modificar su procesamiento a cambio de dinero. Los trámites señalados incluyen peticiones familiares, solicitudes de residencia permanente, remoción de condiciones de residencia y ciudadanía estadounidense.

La acusación sostiene que algunas solicitudes fueron procesadas evitando procedimientos establecidos, entre ellos entrevistas, verificaciones de antecedentes, revisiones de supervisores y restricciones de jurisdicción. Los fiscales también alegan que algunos beneficiarios no cumplían con los requisitos legales para recibir determinados beneficios.

Los investigadores encontraron miles de mensajes de WhatsApp y cientos de llamadas relacionadas con los casos investigados. Fuentes judiciales citadas por medios estadounidenses sitúan en cerca de 960,000 dólares el monto que habría sido recibido mediante pagos vinculados al esquema.

La investigación fue realizada por la Oficina de Investigaciones de USCIS, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y el FBI en Dallas. Somoye es señalado como presunto intermediario financiero.

Los dos hombres enfrentan un cargo de conspiración para recibir gratificaciones ilegales por parte de un funcionario público. De ser declarados culpables, cada uno podría recibir hasta cinco años de prisión y una multa máxima de 250,000 dólares.

El Departamento de Justicia aclaró que las acusaciones están contenidas en una denuncia penal y no constituyen una prueba de culpabilidad. El caso sigue bajo investigación de las autoridades federales.

Fuentes: US Atorney Office - Daniel Benítez

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