El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha hecho públicas las primeras imágenes del arresto de Jorge Luis Vega García, exteniente coronel del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, acusado de ser uno de los ejecutores de la represión del régimen castrista. La captura, realizada en Miami, ha generado impacto tanto en la comunidad cubana exiliada como en defensores de los derechos humanos.

Vega García, de 55 años, sirvió durante años bajo las órdenes del aparato represivo de La Habana, ocupando un cargo clave en el MININT, institución señalada por la ONU y organizaciones internacionales por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Fuentes ligadas al caso aseguran que participó en detenciones arbitrarias, interrogatorios abusivos y torturas, especialmente durante la Primavera Negra de 2003, cuando el régimen encarceló a 75 disidentes pacíficos.

La detención fue ejecutada por agentes de Homeland Security Investigations (HSI) Tampa, con el apoyo de Enforcement and Removal Operations (ERO) Miami, el FBI Tampa y la DEA Miami Division.

En un comunicado difundido en redes sociales, HSI Tampa enfatizó:

“No existe espacio seguro en Estados Unidos para las personas que intentan escapar de su pasado violento.”

Según reveló la investigación, Vega García ingresó a territorio estadounidense bajo el programa de Parole Humanitario, diseñado para permitir la entrada de migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses que huyen de regímenes autoritarios o crisis humanitarias. Sin embargo, este beneficio no impide que se procese judicialmente a quienes tengan antecedentes de violaciones graves de derechos humanos.

El caso ha reavivado el debate sobre los riesgos de que exfuncionarios represores del régimen cubano utilicen vías migratorias humanitarias para ocultarse en Estados Unidos. Varias organizaciones del exilio han advertido que no es un hecho aislado, señalando que individuos con historial de crímenes políticos han logrado instalarse en el sur de la Florida haciéndose pasar por víctimas, cuando en realidad fueron victimarios.

Durante su carrera en el MININT, Vega García habría estado asignado a unidades encargadas de “seguridad del Estado”, el órgano que controla la persecución política en Cuba. Testimonios de ex presos políticos lo vinculan con interrogatorios prolongados, amenazas contra familiares y participación directa en golpizas a disidentes.

Ahora, el exoficial castrista se enfrenta a un proceso judicial que podría culminar con su expulsión de Estados Unidos y su eventual enjuiciamiento, aunque las autoridades no han confirmado si habrá cargos adicionales en territorio estadounidense.

El arresto es visto por muchos como un mensaje claro del Gobierno de EE. UU. contra la impunidad de agentes represores que intentan refugiarse en el país. Para la diáspora cubana, representa también una victoria simbólica: un recordatorio de que los crímenes del castrismo no prescriben, incluso fuera de Cuba.

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