La Comisión Europea anunció este miércoles un endurecimiento de su política de visados, control fronterizo y retornos, con el objetivo de frenar la migración irregular y reforzar la seguridad en las fronteras exteriores de la Unión Europea. La decisión llega apenas días después de que el Gobierno de España aprobara una regularización masiva de alrededor de medio millón de inmigrantes, lo que ha puesto en evidencia la creciente divergencia entre el enfoque de Bruselas y la estrategia adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Desde la Comisión se insiste en la necesidad de contar con “fronteras más sólidas” y con mecanismos más eficaces para el retorno de personas en situación irregular. “Un control eficaz de quién entra en nuestra Unión es clave para la política migratoria de la UE”, subrayaron fuentes comunitarias, que también destacaron que los retornos “rápidos, eficaces y dignos” son indispensables para la credibilidad del sistema europeo de migración y asilo.

Aunque las medidas anunciadas por Bruselas están dirigidas principalmente a prevenir nuevas entradas irregulares, el contraste con la política española es evidente. Mientras la Comisión refuerza los filtros de entrada y los mecanismos de expulsión, España apuesta por regularizar a personas que ya se encuentran en su territorio, argumentando razones humanitarias, sociales y de mercado laboral.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, evitó criticar directamente la decisión del Gobierno español, pero dejó claro que se trata de una competencia nacional. “Las decisiones y políticas para regularizar la situación de nacionales de terceros países en situación irregular corresponden a los Estados miembros”, afirmó. Brunner reconoció que la migración legal e ilegal están relacionadas, pero insistió en que la prioridad de la Comisión es combatir la migración irregular y reforzar el control de fronteras.

Desde el PP, fuentes del partido señalaron que habían solicitado a la Comisión Europea que analizara si la regularización impulsada por el Gobierno de Sánchez se ajusta al marco común de migración y asilo. La eurodiputada Alma Ezcurra afirmó que este tipo de decisiones “tienen consecuencias que trascienden el ámbito nacional” y pidió coherencia con los compromisos europeos.

Sin embargo, Bruselas ha sido clara al respecto: no considera que tenga competencia directa para intervenir en procesos de regularización interna, siempre que estos se limiten a personas que ya residen en el país y no alteren formalmente las normas comunes de visados y fronteras.

El anuncio de la Comisión también refleja un cambio de clima político en Europa, donde cada vez más gobiernos apuestan por políticas migratorias más restrictivas, incluidos acuerdos con terceros países y centros de retorno fuera del territorio comunitario, una fórmula que España ha rechazado.

Fuente: El Mundo

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