La situación de los estudiantes que protestaron contra el aumento de tarifas de internet en Cuba continúa marcada por el desencanto y la desconfianza. A pesar de la desconvocatoria del paro en la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, y la creación del llamado “Grupo Multidisciplinario” por parte de la Federación Estudiantil Universitaria, muchos universitarios no se sienten representados ni escuchados.

El informe que la FEU ha prometido presentar ante los consejos universitarios genera pocas expectativas, dado que hasta el momento no se han producido resultados concretos.

Desde que ETECSA impuso el incremento en los precios de los datos móviles, el acceso a internet —ya limitado— se ha vuelto aún más inaccesible para gran parte de la comunidad estudiantil.

Aunque la FEU insiste en que sus representantes están trabajando dentro de la empresa estatal, el lenguaje empleado en los comunicados oficiales evidencia la falta de medidas efectivas: se habla de “evaluaciones”, “propuestas” y “análisis”, pero no hay evidencia de ningún ajuste significativo en las tarifas.

La impresión general entre los estudiantes es que la FEU está estirando el conflicto sin intención real de confrontar el poder de ETECSA ni del gobierno que la respalda. La creación de un grupo de trabajo con jóvenes afines al oficialismo ha sido presentada como muestra de diálogo, pero en realidad ha servido como mecanismo de contención, no de cambio. La mayoría de los universitarios sospecha que se trata más bien de una estrategia para ganar tiempo y diluir el descontento.

Mientras el acceso a internet siga siendo un lujo en vez de un derecho, las medidas adoptadas por las autoridades serán vistas como cosméticas.

No basta con promesas ni con discursos elaborados: los estudiantes exigen resultados tangibles que reflejen una voluntad real de atender sus necesidades y las de la sociedad cubana en su conjunto.

En este contexto, el papel de la FEU es cada vez más cuestionado. Muchos la consideran un instrumento del poder, incapaz de ejercer presión real sobre las instituciones. Las acciones tomadas hasta ahora no logran canalizar de manera auténtica la frustración que crece entre jóvenes que ven limitadas sus posibilidades de estudiar, comunicarse y participar activamente en la vida nacional. La supuesta voluntad de diálogo, sin cambios palpables, solo incrementa la sensación de impotencia.

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