El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por las nuevas regulaciones implementadas por el gobierno cubano desde el pasado 5 de diciembre y que según expertos y analistas, podrían agravar la crisis económica y social que atraviesa la Isla. Las medidas afectan principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) cubanas, al cancelar las licencias de comercio mayorista y forzar a estas empresas a asociarse con entidades estatales para continuar operando.

Brian A. Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, señaló que las nuevas regulaciones "empeorarán aún más la inseguridad alimentaria y limitarán las oportunidades para los emprendedores independientes en Cuba". En su declaración a través de X, Nichols subrayó que "los cubanos merecen mejores condiciones económicas y un entorno que favorezca la iniciativa privada, no restricciones que profundicen la crisis".

La medida forma parte de una serie de reformas adoptadas por el régimen cubano para "ordenar" el comercio mayorista y mejorar la eficiencia del mercado. Sin embargo, economistas y críticos señalan que, lejos de mejorar la situación, la resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior de Cuba perjudica aún más el tejido empresarial privado, que ha sido un pilar fundamental para el comercio minorista en la Isla.

Pedro Monreal, economista cubano, describió la resolución como "una estocada a las relaciones de mercado", ya que elimina la autonomía de las mipymes al obligarlas a depender del aparato estatal. Según Monreal, esto podría generar escasez de productos y aumentar las tensiones sociales, ya que el gobierno cubano sigue reforzando su control sobre la economía mientras se enfrenta a una creciente falta de bienes de consumo.

El gobierno estadounidense ha reiterado que estas nuevas restricciones en Cuba, sumadas a otras políticas que limitan el espacio para los emprendedores privados, no solo dificultan la recuperación económica de la Isla, sino que también refuerzan un modelo centralizado y represivo que ha resultado ineficaz para satisfacer las necesidades de la población.

La Resolución 56 cancela de oficio las licencias para el comercio mayorista a las mipymes que realizaban esta actividad como secundaria y obliga a aquellas que lo hacen como actividad principal a aliarse con entidades estatales. Esta medida, según el economista Pedro Monreal, busca re-monopolizar la oferta mayorista y reducir la competencia privada.

La medida asfixia al comercio privado al convertir a las mipymes en clientes cautivos de las empresas estatales mayoristas, que son ineficientes y carecen de divisas. Esto podría incrementar la inflación y agravar la escasez crónica en la Isla, afectando la estabilidad social en un momento de alta demanda de bienes de consumo. El gobierno cubano pretende controlar y centralizar el comercio mayorista en manos de entidades estatales, bajo la premisa de mejorar la infraestructura y el transporte. Sin embargo, se critica que esto incrementa la burocracia y la ineficiencia, perjudicando a las mipymes y limitando la flexibilidad y liquidez del sector privado.

Las mipymes deben actualizar su licencia comercial y objeto social en un plazo de 90 días si desean continuar en el comercio mayorista junto a entidades estatales. Aquellas que no deseen aliarse tendrán 120 días para liquidar sus stocks vendiéndolos al por menor, siempre y cuando cuenten con la licencia adecuada para ello.

De todo esto se saca una sola conclusión: ¡jamás confies en la dictadura; es un verdadero pulpo, engañoso y tramposo! No importa el pueblo; sólo el estado comunista y corrupto.

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