Médicos cubanos que residen en España se enfrentan a múltiples barreras para ejercer su profesión, incluso después de haber homologado sus títulos. A pesar de superar un proceso largo y complejo que puede tardar hasta cinco años, estos profesionales deben presentar un certificado adicional emitido por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, que confirme que no están inhabilitados para ejercer. Sin embargo, las autoridades cubanas se niegan a expedir este documento, bloqueando su incorporación al sistema sanitario español.

La negativa, lejos de ser un simple trámite burocrático, tiene un trasfondo político y económico. Según Guillermo Ponce, presidente de la Asociación de Médicos Cubanos en España, se trata de una estrategia del régimen para frenar la salida de profesionales del país. “El Estado cubano depende económicamente de sus médicos, ya que las llamadas misiones internacionales representan una de las principales fuentes de ingresos, después de las remesas y el turismo”, explica.

Estas “misiones médicas” consisten en acuerdos entre Cuba y diversos países, especialmente en América Latina y África, donde el gobierno de la isla envía médicos a cambio de una remuneración económica. Aunque los países receptores pagan entre 3.000 y 5.000 euros mensuales por cada médico, el profesional apenas recibe una fracción: unos 600 euros, divididos en dos partes, de los cuales solo una está disponible durante la misión. El resto queda en una cuenta en Cuba, inaccesible si el médico decide no regresar.

Esta práctica, denunciada por organismos internacionales como una forma de trabajo forzoso, ha permitido a Cuba sostener su economía durante décadas. Desde 1963, el régimen ha desplegado más de 600.000 profesionales de la salud en 165 países. Aunque en 2019 había más de 30.000 médicos cubanos en el extranjero, actualmente se estima que la cifra oscila entre 34.000 y 50.000, repartidos en más de 60 naciones. Solo en 2023, unos 22.600 profesionales participaban en estas misiones.

Entre 2009 y 2022, este esquema generó al Estado cubano alrededor de 108.500 millones de dólares. No sorprende, entonces, que el gobierno imponga trabas a quienes deciden abandonar estas misiones o emigrar de forma independiente. Al negar el certificado de no inhabilitación, se impide que médicos formados y experimentados se integren en otros sistemas sanitarios, aun cuando ya cuentan con la homologación requerida.

Mientras tanto, decenas de médicos cubanos en España, aunque legalmente residentes y con sus títulos reconocidos, se ven obligados a trabajar en sectores ajenos a su formación o depender de empleos precarios. Para muchos de ellos, la medicina no solo era una vocación, sino también la única vía para progresar. Ahora, se encuentran atrapados entre el control de un gobierno que se resiste a perder su “capital humano” y un sistema que, aunque dispuesto a recibirlos, no puede hacerlo sin el permiso del régimen del que huyeron.

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