El Gobierno de España ha dejado claro que se opone a las reclamaciones entre Estados relacionadas con los bienes confiscados por el gobierno de la isla tras la Revolución y dijo que deben ser a nivel particular.

“Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores citadas por el diario indican que el planteamiento de la Administración de EE UU, con la "imposición de una ley más allá de las fronteras no es homologable al planteamiento europeo", que aboga por negociar acuerdos para el establecimiento de la indemnización. En el caso español este acuerdo ya se hizo en 1986 y Madrid considera que no hay base para su reapertura”, dijo 14ymedio.

"Cuba y España cerraron un acuerdo de Estado a Estado que establecía una indemnización para los afectados en 1986 cuya reapertura está fuera de lugar", comentó la fuente a ABC, la cual destacó que "cualquier reclamación que se plantee tendrá que ser, exclusivamente, a nivel particular".

Por otro lado, el portal independiente cubano señaló que “España y Cuba firmaron un convenio el 16 de noviembre de 1986 a través del cual La Habana debía pagar a España 5.416 millones de pesetas (unos 32,5 millones de euros, moneda actual en vigor) "como liquidación y finiquito de la indemnización por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española que han resultado afectadas por leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha de la firma del presente convenio, ambas inclusive", de las que un tercio se debía abonar en efectivo y el resto en especies”.

“En aquel momento, muchos de los posibles reclamantes rechazaron el acuerdo al considerar que la cantidad fijada era apenas una quinta parte del valor real de lo que se había confiscado. Otros no reclamaron porque no tuvieron noticias del pacto”, explicó.

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