El Gobierno de España ha reconocido ante el Congreso de los Diputados que la legislación cubana obliga a su Consulado General y a la Embajada en La Habana a contratar personal local mediante una empresa empleadora autorizada, en lugar de hacerlo directamente. La fórmula, aplicada desde 2017 según el Ejecutivo, se tradujo en dos contratos adjudicados a la estatal Grupo Empresarial Palco por un importe conjunto de 1.374.039,16 euros. La respuesta parlamentaria, fechada el 23 de septiembre de 2026, adquiere especial relevancia tras la entrada en vigor de una nueva regulación cubana que mantiene la intermediación laboral para las misiones diplomáticas y consulares, mientras permite la contratación directa en determinadas representaciones comerciales extranjeras.

El Gobierno español justificó la contratación de Palco en una respuesta a una pregunta parlamentaria presentada por diputados del Partido Popular. Según el Ejecutivo, la normativa cubana impide a las representaciones diplomáticas y consulares contratar directamente a trabajadores locales, por lo que deben recurrir a entidades empleadoras autorizadas por las autoridades de la Isla.

Los dos contratos fueron adjudicados en diciembre de 2024. El correspondiente al Consulado General ascendió a 1.131.295,68 euros, mientras que el de la Embajada alcanzó los 242.743,48 euros. Ambos procedimientos recibieron una sola oferta y se resolvieron sin rebajas respecto a los presupuestos iniciales. Las cantidades reflejan el valor de las adjudicaciones, no necesariamente el dinero desembolsado.

La situación normativa cambió el 2 de octubre de 2026, cuando Cuba publicó el Decreto Ley 137/2026, que derogó la regulación de 2019 citada por Madrid. La nueva disposición permite contratar directamente a trabajadores en determinadas representaciones comerciales extranjeras, pero mantiene la obligación de utilizar entidades autorizadas para cubrir puestos administrativos, técnicos y de servicios en embajadas y consulados.

El Ejecutivo español sostiene que los empleados suministrados por Palco realizan tareas auxiliares bajo supervisión de responsables españoles y no toman decisiones sobre nacionalidad, pasaportes o visados. También afirma que sus accesos a documentos y sistemas informáticos están sujetos a permisos, controles y obligaciones de confidencialidad.

El asunto cobra importancia por la carga de trabajo consular. En septiembre de 2025, España informó de que su Consulado en Cuba había recibido 107.338 solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.

La respuesta gubernamental no aclara si existen otras empresas autorizadas que puedan prestar estos servicios ni detalla los permisos concretos de acceso documental de los trabajadores contratados.

Fuente: Consulado General de España

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