El Gobierno de España afirmó que continuará defendiendo los intereses de las empresas españolas que mantienen negocios en Cuba y rechazó la aplicación extraterritorial de leyes y sanciones contra compañías que operan en la isla.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, realizó estas declaraciones durante un acto del Atlantic Council celebrado en Nueva York, donde también se refirió a la situación política y económica de Cuba y a las recientes tensiones entre Washington y La Habana.

Según la agencia EFE, Albares aseguró que España no acepta la aplicación extraterritorial de legislaciones o sanciones y sostuvo que su Gobierno protegerá a las empresas españolas que desarrollan actividades comerciales en diferentes partes del mundo, incluida Cuba.

El ministro indicó además que esta posición cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y subrayó que cualquier actuación relacionada con la isla debe respetar su soberanía, integridad territorial y las normas del derecho internacional.

Albares también descartó el uso de la fuerza militar contra Cuba y otros países de América Latina. Sus declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara ante la Asamblea General de Naciones Unidas la posibilidad de utilizar la fuerza en la región si considera que los intereses de Estados Unidos están amenazados.

En relación con Cuba, el Gobierno español aseguró que mantiene comunicación con las autoridades de la isla con el objetivo de proteger los intereses de España y de la comunidad latinoamericana.

El ministro también destacó la asistencia que España está proporcionando a la población cubana ante las dificultades que atraviesa el país. Entre las medidas mencionó el envío de alimentos y medicamentos, así como de paneles solares destinados a contribuir a enfrentar la crisis energética y los prolongados apagones.

Las declaraciones tienen lugar en un contexto de creciente presión de Washington sobre el Gobierno cubano. Durante los últimos meses, la administración Trump ha ampliado las sanciones dirigidas contra empresas y personas vinculadas con las autoridades de la isla.

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