El Gobierno de España anunció la creación de una ayuda económica de hasta 7.600 euros destinada a los españoles residentes en el extranjero que deseen regresar al país, especialmente aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad. La medida forma parte del futuro Plan Estatal de Retorno y del Reglamento de desarrollo de la Ley de la Ciudadanía Española en el Exterior, actualmente en fase de consulta pública.

La iniciativa fue presentada por Elena Bernardo, directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, junto con Isabel María González Jiménez, jefa del Área de Retorno, durante el IV Congreso Mundial de Asturianía. Ambas funcionarias explicaron que el objetivo es ofrecer apoyo económico y social a quienes desean retornar, pero carecen de los medios para hacerlo.

Según González Jiménez, la ayuda será de 4.000 euros como base, pudiendo ampliarse hasta 7.600 euros si el solicitante regresa acompañado por su familia. Además, esta asistencia será compatible con las ayudas autonómicas, lo que permitirá a los beneficiarios combinar distintas fuentes de apoyo para su reintegración en España.

La funcionaria subrayó que muchos retornados quedan temporalmente fuera de la red de protección social al no cumplir con el requisito de residencia mínima para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV). Por ello, el Gobierno busca cubrir ese vacío con una ayuda directa que facilite la transición y el proceso de adaptación en el país.

El reglamento también contempla tres ejes de acción fundamentales: atención integral, empleabilidad y protección social. En este marco, se reforzará la labor de la Oficina Española del Retorno, que se acercará a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para ofrecer asesoría personalizada, acompañamiento y orientación a quienes decidan regresar.

En materia de empleo, el plan incluirá medidas para fomentar la inserción laboral, tanto por cuenta ajena como propia. Además, se prevé un refuerzo de la protección social con atención especial a mujeres víctimas de violencia en el exterior y personas en situación de precariedad económica.

La directora general también destacó la importancia de la cooperación con las comunidades autónomas, con las que se establecerán convenios para coordinar políticas y evitar desigualdades territoriales. “Cada comunidad tiene sus propias líneas de apoyo, pero desde el Gobierno central debemos garantizar que cualquier español retornado, viva donde viva, tenga acceso a la misma protección”, afirmó Bernardo.

El reglamento, que permanece abierto a aportaciones hasta el 21 de noviembre, busca consolidar una política de retorno más inclusiva y eficiente. Bernardo subrayó que el retorno de los españoles desde el exterior no responde a un único perfil: algunos regresan tras años fuera y necesitan apoyo integral, otros buscan trabajo y estabilidad, mientras que un tercer grupo desea traer su experiencia y talento para emprender nuevos proyectos en España.

“Queremos acompañar a todos ellos, tanto desde el punto de vista emocional como económico, para que su regreso sea un nuevo comienzo y no un obstáculo”, concluyó la directora general.

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