El Gobierno de España aprobó este martes un anteproyecto para reformar las leyes de extranjería y asilo con el objetivo de adaptar la legislación nacional al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. La propuesta contempla procedimientos más rápidos para estudiar las solicitudes de protección internacional y ejecutar eventuales retornos.

La reforma fue presentada durante el primer Consejo de Ministros celebrado tras el receso estival y llega en medio de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. El Ejecutivo sostiene que los cambios permitirán gestionar de manera más eficaz las fronteras, aunque también ha defendido que se mantendrán las garantías y el examen individual de cada caso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó que la nueva normativa incorporará un procedimiento acelerado para determinadas solicitudes de asilo que deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses. Cuando una petición sea rechazada, el solicitante recibirá una notificación para abandonar España.

La propuesta también contempla un sistema de triaje para determinar el procedimiento aplicable a las personas que entren irregularmente al territorio español. Aunque la normativa europea permite mantener a los migrantes en estas instalaciones durante un período de hasta siete días, el Gobierno pretende establecer en España un límite inicial de 72 horas, prorrogable únicamente mediante decisión judicial.

Marlaska señaló que España se ha opuesto a algunas de las disposiciones más restrictivas del pacto europeo, entre ellas las relacionadas con la posibilidad de establecer centros de deportación en terceros países. Sin embargo, afirmó que el país debe adaptar su legislación a las normas comunitarias.

El Consejo de Ministros también declaró por primera vez la situación de “interés para la seguridad nacional” en Ceuta y formalizó la creación de un mando único para coordinar la respuesta a la crisis migratoria.

La medida se produce después de la entrada masiva de migrantes registrada en la ciudad autónoma a finales de julio. El Gobierno ha defendido que decenas de miles de personas fueron devueltas a Marruecos, mientras que las autoridades locales y la oposición han reclamado una mayor intervención del Ejecutivo central.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asumirá la coordinación del mando único y afirmó que la prioridad del Gobierno es realizar las devoluciones dentro del marco establecido por la legislación.

Torres también criticó las peticiones de devolución de menores migrantes formuladas por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al considerar que cualquier repatriación de niños y adolescentes debe cumplir los procedimientos legales correspondientes.

El Ejecutivo anunció además la habilitación de nuevos espacios y recursos estatales y autonómicos para atender la situación en Ceuta.

La reforma ha generado diferencias dentro de la propia coalición gubernamental. Sumar ha expresado objeciones a algunas medidas por considerar que representan un endurecimiento de las normas migratorias.

El Gobierno también anunció que reforzará la actuación contra discursos racistas y xenófobos, en coordinación con la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio.

La reforma deberá superar ahora una tramitación parlamentaria que podría prolongarse durante varios meses antes de su eventual aprobación. Mientras tanto, el Ejecutivo prepara un plan de recuperación económica para Ceuta, cuyos comercios se han visto afectados por la reciente crisis migratoria.

(Con información de El País)

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