El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España ha desbordado las expectativas oficiales al registrar cerca de 900.000 solicitudes, casi el doble de las 500.000 que inicialmente se estimaban. A falta de dos semanas para el cierre del plazo, previsto para el 30 de junio, las autoridades consideran que la cifra final podría superar el millón de peticiones.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alrededor de 360.000 expedientes ya han sido admitidos a trámite, permitiendo que esos solicitantes puedan incorporarse legalmente al mercado laboral mientras se resuelve su situación administrativa.

El elevado número de solicitudes convierte este proceso en el mayor de su tipo realizado en España y refleja el interés de cientos de miles de personas por acceder a un estatus legal que les permita trabajar y residir en el país con mayores garantías.

Organizaciones sociales, abogados especializados y colectivos de migrantes han intensificado sus esfuerzos para que ningún solicitante quede fuera del programa. Sin embargo, ciudadanos de países como Cuba, Argelia, Guinea Conakri y Gambia enfrentan dificultades para obtener certificados de antecedentes penales exigidos en el procedimiento, lo que podría complicar sus trámites. Las autoridades recomiendan presentar igualmente la solicitud mientras se gestionan esos documentos por canales diplomáticos cuando sea posible.

El Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para incorporar a miles de trabajadores a la economía formal en un momento en que diversos sectores enfrentan escasez de mano de obra. La hostelería, la atención a personas mayores y otros servicios han dependido en gran medida de la contribución de trabajadores inmigrantes durante los últimos años, contribuyendo también al crecimiento económico y al aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social.

No obstante, expertos y organizaciones dedicadas a la defensa de los refugiados consideran que la medida debería complementarse con reformas permanentes que agilicen el acceso a permisos de residencia y trabajo. A su juicio, los prolongados retrasos en los procedimientos migratorios han llevado a cientos de miles de personas a permanecer durante años en una situación de irregularidad, trabajando en la economía informal mientras esperan una resolución administrativa.

Con el cierre del programa cada vez más cerca, el reto para las autoridades españolas será procesar el elevado volumen de expedientes y garantizar que quienes cumplen los requisitos puedan acceder a una vía legal de integración en la sociedad y en el mercado laboral.

Fuentes: EFE y DW

Recomendado para ti