En Cuba, la explotación sexual de menores es una realidad preocupante que persiste a pesar de las medidas oficiales contra la trata de personas. Testimonios recientes de dos cubanas que practican “el servicio de la prostitución” han revelado que niñas desde los 12 años están involucradas en la prostitución debido a la necesidad económica extrema y la falta de oportunidades, lo que las lleva a aceptar dinero a cambio de su cuerpo. La crisis económica y social en la isla ha empujado a muchas a buscar medios desesperados para sobrevivir.

Las mujeres que han denunciado esta situación explican que hay una demanda específica de menores de edad por parte de clientes, incluidos turistas, lo que evidencia la existencia de redes informales de explotación. A pesar de la ilegalidad de la prostitución en Cuba, es común encontrar trabajadoras sexuales en las calles de La Habana y otras ciudades, exponiendo la dimensión del problema y la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno.

Según cifras oficiales, entre 2011 y 2021 se procesaron 124 casos de trata con fines de explotación sexual en la isla. Sin embargo, en los últimos años, las estadísticas oficiales reflejan una baja incidencia de estos crímenes, lo que algunos consideran una subestimación del problema. Entre 2022 y 2024, el gobierno identificó 14 víctimas menores de edad y condenó a los victimarios con penas que oscilaron entre 3 y 20 años de prisión.

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El acceso a internet ha permitido que estos casos sean visibilizados más ampliamente, revelando historias que antes permanecían ocultas. La indignación de la población ha sido evidente en redes sociales, donde ciudadanos expresan su rechazo ante la falta de protección para las menores y el papel del gobierno en la crisis económica que impulsa esta explotación. Algunos enfatizan la necesidad de empatía y comprensión ante las circunstancias que llevan a muchas jóvenes a tomar estas decisiones.

El tráfico y turismo sexual continúan siendo un desafío en Cuba, donde la vulnerabilidad de la población más joven se convierte en un punto crítico. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por minimizar el problema, la realidad demuestra que la pobreza extrema y la falta de regulación efectiva permiten que este fenómeno persista. La lucha contra la explotación infantil y la protección de las víctimas requieren medidas más contundentes y una intervención social integral.

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